La justicia española ordenó la detención de siete excargos de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA) y su posterior extradición para juzgarlos por su presunta implicación en la muerte de un diplomático español durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, decidió procesar al exdirector de la DINA Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y a otros seis altos cargos de la policía secreta de la dictadura por el “presunto genocidio, asesinato y detención ilegal de Carmelo Soria Espinoza”, en 1976.
Además de Contreras, el juez dictó órdenes internacionales de detención contra los chilenos Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma y José Remigio Ríos Sanmartín y el estadounidense Michael Vernon Townley Welch, “para su ulterior extradición”.
El magistrado español se apoyó en el “principio de jurisdicción universal” para justificar la competencia de España en este presunto asesinato que tuvo lugar fuera del país.
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