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Ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un importante reporte sobre la corrupción y el soborno de administradores públicos. Trascendental lectura para un país donde, en poco menos de 12 meses, se han destinado miles de millones de dólares a un conjunto de obras con niveles de transparencia, por decirlo de una manera, “discutibles”.
Lo primero a rescatar es que la corrupción, más allá de lo que muchos imaginan, no es un flagelo de “países pobres” o “subdesarrollados”. La segunda reflexión gira alrededor de los procedimientos, una vez destapada la corruptela: con el tiempo, las investigaciones y procesos judiciales tienden a dilatarse, a sufrir las consecuencias de los sistemas, que suelen muchas veces entorpecer y dilatar más que investigar y procesar. Si en 1999 tomaba dos años un caso en concluir, hacia el 2013 toma 7.3 años en promedio. La razón es evidente: los sistemas se van haciendo más ‘amistosos’ con el poder y menos con la justicia.
Algunas cifras para reflexionar: casi la mitad de los casos estudiados corresponde a países con índices de desarrollo humano altos o muy altos. Tres de cada cuatro de los casos de sobornos involucraron a intermediarios, sean estos agentes, relacionistas públicos, distribuidores o “brokers”.
Los sobornos, en la gran mayoría de los casos (57%), fueron ofrecidos para recibir contratos públicos. Una buena noticia, dentro de lo malo, es que casi un tercio de los casos son llevados ante las autoridades por reportes y auditorías internas. En los casos estudiados por la OCDE, solo el 5% de los casos se hacen conocidos por la intervención de la prensa independiente. Sectorialmente, son las industrias extractivas, de construcción y transportes las que aportan la mayor cantidad de casos.
Finalmente, en la mayoría de los casos (29%), los sobornos y corruptelas eran del orden del 5%; en el 18% de los casos eran entre 5% y 25%.
Deberíamos leer con atención este reporte; tenemos mucho que aprender y revisar en nuestro proceso de desarrollo.
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