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Crisólogo Cáceres: "Devolución podría ser a través de los recibos"

“Aunque se adjudique a una nueva empresa (el gasoducto del sur), el esquema de cobro tiene que cambiar. No puede ser que el esquema de financiamiento se base en asegurarle a la empresa un ingreso multimillonario a costa de nosotros”.

"El problema con las concesiones es que las personas que negocian los contratos no están pensando en el bienestar del usuario", dijo Crisólogo. (Piko Tamashiro/Perú21)
"El problema con las concesiones es que las personas que negocian los contratos no están pensando en el bienestar del usuario", dijo Crisólogo. (Piko Tamashiro/Perú21)
Ricardo Monzón Kcomt

Ricardo Monzón Kcomt

@rmk_04

Dos polémicos cobros han indignado a la población en los últimos días: el cobro del subsidio al Gasoducto del Sur (GDS) en los recibos de luz y el nuevo pago de peaje en Puente Piedra. Crisólogo Cáceres, presidente de la asociación que defiende a usuarios y consumidores, explica el problema y ensaya soluciones.

¿Cuál es el problema de fondo de la protesta en Puente Piedra?
El problema con las concesiones es que las personas que negocian los contratos no están pensando en el bienestar del usuario, porque aquí hay un abuso. Entonces, en el Perú lo que falta son lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones. Siempre he dicho que en el Perú no se sabe concesionar.

¿Se necesita una nueva legislación?
Yo creo que debería revisarse. No soy un experto en regulación de otorgamiento de concesiones, pero me queda clarísimo que estos ajustes y estas apariciones de peajes generan un comprensible malestar en la población. Además, existe, según estándares internacionales, una distancia que debe haber entre peajes. Esa distancia en el Perú no se respeta.

¿Cuál sería la solución inmediata sobre el peaje?
Todo contrato de concesión tiene cláusulas de resolución y renegociación. Sería importante que quien otorgó el contrato de concesión convoque a la otra parte para decirle que aquí hay un problema social que trasciende lo pactado, e invitarlo a renegociar la cláusula. En el tema de los peajes hay un montón de historias en las cuales se da la misma figura. Las empresas concesionarias vienen silbando con las manos en los bolsillos y nosotros empezamos a sufragar desde antes de que exista la obra incluso.

En cuanto al cobro en el recibo de luz para subsidiar el Gasoducto del Sur (GDS)…
Es exactamente lo mismo. Nos están cobrando esto desde el 2015. El proyecto GDS fue otorgado a la concesionaria Consorcio Gasoducto del Sur, que fue postor único. ¡Postor único! Y este estaba integrado por Odebrecht, Enagas, y luego se sumó Graña y Montero. El costo total del proyecto es de US$7,328 millones. Algunos asumen que ahora, con depreciación, inflación y demás, ya está en el orden de US$9 mil millones. ¿Qué está sucediendo? Pues que, en resumen, los usuarios tenemos que pagar la construcción del ducto a través de los recibos de luz.

Por mucho tiempo este cobro pasó desapercibido.
Muy desapercibido, aunque nosotros venimos levantando el tema desde que salió la denuncia de Estados Unidos (sobre Odebrecht). El 2015, los peruanos hemos pagado US$46 millones, el 2016 fue US$137 millones, el 2017 se espera pagar US$228 millones, el 2018 vamos a pagar US$410 millones, y así hasta llegar a un promedio de US$912 millones. ¿Esto es justo, es racional, es explicable?

De prosperar la ley presentada en el Congreso para detener este cobro, ¿se debe reembolsar a los peruanos que aportaron?
Totalmente. Yo creo que sí.

¿El reintegro sería automático?
Yo creo que la ley podría disponer el mecanismo de devolución, que a mí me parece que podría ser a través de los propios recibos, haciendo un descuento de las tarifas. Lo primero que se tendría que hacer es un cálculo de cuánto ha pagado cada usuario.

En caso de que se suspenda el cobro en el recibo de luz, pero Odebrecht lograra vender sus acciones del GDS, ¿se volverá a hacer el cobro?
El pedido de nosotros es que, aunque se adjudique a una nueva empresa, el esquema de cobro definitivamente tiene que cambiar. No puede ser que el esquema de financiamiento se base en asegurarle a la empresa o al consorcio un ingreso pingüe, multimillonario, a costa de nosotros. O bien se convoca a una nueva licitación pública internacional, o se mantiene al consorcio ganador actual, pero de todas formas se tiene que cambiar el esquema de financiamiento.

¿Qué institución del Estado debe pronunciarse sobre estos casos?
En el caso de los recibos de luz, el Ministerio de Energía y Minas, en representación del Estado, es el que está ejecutando el acuerdo. Por eso nosotros hemos oficiado, hace tres semanas, a ese ministerio pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta.

¿Y sobre el peaje?
El organismo regulador competente en infraestructura del transporte es Ositran. Sería interesante ver lo que ocurre. Y si es la Municipalidad de Lima la que ha suscrito el contrato de concesión, pues debe responder. Pero si la carretera forma parte de la Red Vial Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también tiene que involucrarse.

¿Cómo califica el rol de los reguladores?
Yo he sido muy crítico del rol que han jugado los reguladores por años, porque creen que son los árbitros entre consumidor y proveedor, pero eso es imposible. Tú puedes ser árbitro entre dos partes equivalentes. Arbitras una pelea entre dos boxeadores de peso pesado, pero no puedes arbitrar una pelea entre Mike Tyson y mi primo al que le gusta boxear. El código del consumidor ha cambiado hace 6 años esa posición, pero no se cumple, se está haciendo gradualmente.

Autoficha

  • “Soy abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 29 años de experiencia profesional y estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la U. San Marcos. Soy presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) desde el año 2010”.
  • “La resolución contra Gloria por publicidad engañosa (por vender productos con lactosa como si fuesen deslactosados) es apelable. Las empresas deben recapacitar la relación que tienen con el consumidor. La publicidad también es la del empaque”.
  • “Si un consumidor de Gloria está afectado en la salud, él, a título individual, podría empezar una acción legal. Ahí, además de la publicidad engañosa, está el derecho a la integridad física del consumidor. En este caso, la institución que debería pronunciarse es el Indecopi”.

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