Juan Mendoza: Peaje de la vergüenza

La concesión de peajes del municipio de Lima a Odebrecht es una vergüenza. Esta concesión, firmada el 2013 por la ex alcaldesa Susana Villarán, es el origen de la convulsión social en Puente Piedra.

Todo empezó cuando Odebrecht, que lideraba Rutas de Lima, propuso una iniciativa privada al municipio para que le den en cesión los peajes por 30 años. El municipio no solo declaró de interés el proyecto sino que lo aprobó sin concurso público. Es decir, Odebrecht recibió en concesión los peajes de Panamericana Norte y Sur y Ramiro Prialé sin enfrentar competencia de empresa alguna.

El contrato de concesión es en extremo lesivo para los limeños. El contrato le ha permitido al concesionario incrementar los peajes en 66% en 3 años sin mejora equivalente en el servicio. Lo peor es que Odebrecht ya vendió 57% de su participación en Rutas de Lima a Brookfield en junio pasado por 500 millones de dólares. Bajo supuestos muy conservadores, Odebrecht no habría invertido más de 250 millones en la concesión. Por lo tanto, gracias a la generosidad de Villarán y su Concejo Metropolitano, Odebrecht habría ganado cuando menos 250 millones de dólares, una tasa de rentabilidad superior al 100%. Tal rentabilidad es absolutamente inusual en los negocios privados honestos, incluso en las más ricas minas de oro o empresas petrolíferas.

Peor aun, la cláusula 10.4 del contrato estipula que si se interrumpiera el cobro de peajes en la caseta de Puente Piedra debido a convulsión social, como la de los últimos días, la Municipalidad de Lima estará obligada a seguirle pagando al concesionario.

¿Por qué la Municipalidad de Lima aceptó, de rodillas, términos tan favorables de una empresa de cuestionada reputación? ¿Cómo puede decir el regidor Núñez que desconocía qué era Odebrecht en el 2013? ¿Era tamaña la ignorancia compartida por la ex alcaldesa y los otros regidores? ¿Por qué a nadie en el municipio se le ocurrió pedir la opinión del MEF? ¿Por qué la desidia? Felicito a Panorama por haber cuestionado la vergonzosa concesión, en solitario, hace 3 años.

El doble peaje de Puente Piedra atenta contra el derecho humano fundamental de desplazarse por el territorio. Antes que Odebrecht venda el 25% que conserva en Rutas de Lima, se debe congelar ipso facto los ingresos y activos de la concesión hasta que se esclarezca si hubo corrupción.

No puede ser que, más de un siglo después de González Prada, en donde se pone el dedo siga saltando la pus. Nuestra generación tiene la obligación de extirpar a las autoridades negligentes y la putrefacción de los corruptos.