Santiago Pedraglio: Riesgo de intromisión en el CNM

La propuesta del Poder Ejecutivo para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) encarna un grave peligro para la independencia de la administración de justicia; y, en particular, del Poder Judicial y el Ministerio Público.

El asunto es sencillo: la propuesta –presentada, según parece, como producto de un acuerdo entre el presidente de la República y la líder de Fuerza Popular– plantea que el CNM esté conformado por cinco miembros: uno nombrado por el Ejecutivo, uno por el Congreso, uno por el Poder Judicial y uno por el Ministerio Público, y que entre los cuatro nombren al quinto.

El solo hecho de que los designados por el Ejecutivo y el Congreso conformen la mitad –y muy probablemente el 60%, si se suma al quinto miembro– del organismo encargado de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales es un serio riesgo de injerencia en el sistema judicial. Si a esto se suma que el Ejecutivo formula y el Legislativo aprueba los presupuestos del Poder Judicial y del Ministerio Público, el riesgo de injerencia queda aún más claro.

El ámbito judicial es cada vez más importante, y por eso urge consolidar su independencia. No es una novedad –ni un asunto solo peruano– que la vida social, económica y política se ha judicializado a niveles inusitados. Hoy pasan por el sistema judicial, y de manera creciente, disputas vinculadas a derechos personales, a la economía –multas y deudas de privados con el Estado, fusiones, regulaciones…– y a la política –denuncias por corrupción y otras contra autoridades locales, regionales y nacionales–.

Sin duda, hay un amplio consenso sobre la necesidad de reformar el CNM, pero no hace falta una reforma que se dirija a recortar la independencia –como la anunciada–, sino que corrija las modalidades y los requisitos de la elección de los representantes de la sociedad civil (caso de profesionales y universidades) y afiance su autonomía.