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Álex Kouri: Chofer del exalcalde del Callao negó haber hecho reglaje a fiscal de caso Convial

Jorge Barinotto Vargas dijo “solo” saber que el magistrado Martín Salas vive en Surco, distrito al que suele ir porque, según afirmó, viven sus familiares.

Álex Kouri: Chofer del exalcalde del Callao negó haber hecho reglaje a fiscal de caso Convial. (Captura)
Álex Kouri: Chofer del exalcalde del Callao negó haber hecho reglaje a fiscal de caso Convial. (Captura)

El fiscal superior adjunto Martín Salas denunció ayer que entre las amenazas de muerte que recibió por estar a cargo de las investigaciones al sentenciado exalcalde del Callao, Álex Kouri, estuvo la del chofer de este último, Jorge Barinotto Vargas, quien —según aseguró el magistrado— lo seguía hasta su casa para intimidarlo.

[Álex Kouri: Fiscal que llevó caso de exalcalde del Callao denunció amenazas de muerte]

Ante estas serias denuncias de Salas, Barinotto Vargas negó, en declaraciones a Canal N, que haya acudido a la vivienda del fiscal para amedrentarlo.

“Nunca lo amenacé, nunca pasé por su casa, según tengo entendido vive por Surco, yo visito a mi familia que vive allí, y nada más”, dijo el aludido, quien estuvo en los exteriores de la carceleta del Palacio de Justicia (Cercado de Lima) para presenciar el traslado de Kouri al penal Ancón II.

[Álex Kouri fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el caso Convial]

Jorge Barinotto calificó las afirmaciones de Martín Salas como “falacias”. “Lo único que quiero decirle al fiscal es que diga lo que es, porque yo en ningún momento he intercambiado palabras con él”, apuntó Barinotto, quien reveló que desde hace 6 años trabajaba con Kouri.

Cabe recordar que, ayer, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima condenó a 5 años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de S/26 millones al exalcalde Álex Kouri por el caso Convial, una empresa que se vio beneficiada con la construcción de la denominada Vía Expresa del Callao.

[Álex Kouri: Así fue traslado al penal Ancón II]

Por este caso, los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados al Estado ascenderían a US$32’308,537 (S/106’876,642), de acuerdo con estimaciones oficiales.


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