La ministra de la Mujer, Ana Jara, se mostró a favor de la decisión de la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima de reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas a las que fueron presuntamente sometidas 1,500 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“(Las violaciones) a los derechos humanos no prescriben, y no solo para la legislación peruana sino también de acuerdo a los tratados internacionales, y las mujeres forzadas a no tener más hijos merecen justicia en el Perú”, señaló la funcionaria

Sobre este proceso iniciado por el Ministerio Público, Jara Velásquez resaltó que “es necesario que exista el debido proceso y el derecho a la defensa”, aunque pidió que se aplique la debida sanción a los responsables del polémico programa de control del régimen fujimorista.

De otro lado, el Ministerio de Justicia (Minjus) aclaró que no es una política actual del Estado la promoción de las esterilizaciones, por lo que expresó su total desacuerdo con la inclusión de este tema en el informe preliminar del Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT).

“Aun cuando en la década de los 90 existió como política de Estado un programa de planificacón familiar, dentro del que se encontraban las esterilizaciones, estas debían ejecutarse siempre y cuando hubiera el consentimiento expreso de la persona concernida; es decir, debían ser voluntarias”, señala el Minjus en su misiva.

“No obstante, debido a las denuncias individuales presentadas, el Estado peruano viene investigando denuncias penales relativas a esterilizaciones que aparentemente se realizaron sin dicho consentimiento expreso o no debidamente informado”, aclara el sector.

En ese sentido, recordó que en la actualidad dichas denuncias se encuentran en el Ministerio Público, entidad a la que le corresponde realizar las investigaciones y, de ser el caso, las denuncias pertinentes.