Aparecen más denuncias contra el abogado y empresario Rodolfo Orellana sobre el presunto uso de testaferros para apoderarse de propiedades.
Esta vez los denunciantes pertenecen a la cooperativa Coopemar y a la comunidad de extrabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos, según el programa Cuarto Poder.
La presidenta de Coopemar, Clara García, afirmó que le crearon una deuda ficticia por US$800 mil a esta cooperativa, supuestamente contraída con una constructora hace diez años, la cual luego fue validada por dos liquidadoras que estarían vinculadas a Orellana. Uno de estos liquidadores, a su vez, vendieron una parte del terreno de esa asociación, en Ventanilla, a ciudadanos chinos a un precio subvaluado.
En el otro caso, Raquel Delgado sostuvo que le despojaron de un predio en Santa Clara, “valiéndose de un laudo arbitral falso donde nos hicieron una deuda, y a través de una sentencia nos liquidaron”.
ASEGURAN RAPIDEZ EN LA INVESTIGACIÓN
Los congresistas Teófilo Gamarra (Gana Perú) y Héctor Becerril (Fuerza Popular), integrantes de la comisión que investigará el caso Rodolfo Orellana, aseguraron que dicho grupo se instalará lo antes posible y que trabajará durante el receso parlamentario.
Señalaron que pedirán una reunión con los demás miembros de la comisión para coordinar el inicio de las pesquisas.
“El plazo de 180 días para la comisión corre a partir de la instalación de la próxima mesa directiva (a fines de julio), pero nosotros pediremos que la convocatoria sea en los próximos días”, dijo Gamarra.
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