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Avelino Guillén: “La Fiscalía no debe actuar tan cautelosamente” [Entrevista]

Sostiene que el Ministerio Público está en la obligación de comunicar al país cuáles son sus metas y objetivos en pesquisas del caso Odebrecht. “No puede ser que una investigación de esta magnitud esté en absoluto secreto”, dice.

Avelino Guillén: “La Fiscalía no debe actuar tan cautelosamente”. (David Huamaní)
Avelino Guillén: “La Fiscalía no debe actuar tan cautelosamente”. (David Huamaní)

Por Mariella Balbi
Periodista

El ex fiscal Avelino Guillén considera que la Fiscalía de la Nación debe informar al país sobre las líneas maestras de su trabajo una vez que se firme el segundo acuerdo de colaboración con Odebrecht. Para Guillén, en esta etapa la investigación fiscal no debe circunscribirse solo a los 12 casos en los que se viene trabajando.

¿Acceder a las 78 delaciones premiadas de funcionarios de Odebrecht que vendrán de Brasil traerá una revelación espectacular?

—No será una gran revelación, tampoco espectacular porque la entrega de información estará sujeta a determinadas condiciones. Lo declarado por los ejecutivos de Odebrecht ante la justicia brasileña versó, fundamentalmente, sobre actos de corrupción perpetrados en Brasil, en agravio al Estado brasileño. La corrupción practicada por Odebrecht en otros países no ha sido objeto de un riguroso interrogatorio.

¿Lo que conocemos viene de las declaraciones de Barata a la Fiscalía de Nueva York en diciembre de 2016?

—Sí, ahí él reconoce actividades ilícitas que incluyen al Perú. Por eso, en enero de 2017, la Fiscalía suscribe un acuerdo preliminar con Odebrecht y esta se compromete a entregar información y 29 millones de dólares al Estado peruano. En base a ese acuerdo preparatorio hemos venido recibiendo información y documentación de parte de los ejecutivos de Odebrecht. Somos el país latinoamericano que más ha avanzado en investigar. El preacuerdo con la empresa brasileña fue un acierto. Pero lo que hemos conocido es básico. Por ejemplo, que se entregaron 3 millones de dólares a Ollanta Humala y Nadine Heredia para apoyar su campaña presidencial. Es una línea de investigación, no hay un detalle preciso sobre lo ocurrido. La justicia peruana está ampliando y profundizando lo conocido en base al acuerdo preliminar firmado con Odebrecht. El Ministerio Público ha formulado 12 pedidos sobre determinados asuntos que son de conocimiento de la justicia brasileña.

¿Cuáles son: Interoceánica, Metro Línea 1, Cusco-Vía Evitamiento, Rutas de Lima, Costa Verde, Ollanta Humala, Graña y Montero?

—Básicamente eso. La información es reservada. No conocemos el requerimiento de la Fiscalía peruana. Pero ahora viene un segundo acuerdo que estará sujeto a determinadas condiciones.

¿El Perú aún no firma el segundo acuerdo con Odebrecht?

—No. El Ministerio Público tiene que tomar la decisión, supongo que será cuanto antes. Debe acceder a las exigencias de Odebrecht, que son no ser procesado en el Perú, que no se utilicen los documentos que se entregarán en contra de sus ejecutivos y que no se haga público el contenido de las declaraciones. Ellos lo llaman sigilo.

¿Habiendo delinquido pueden exigir?

—Por un lado tienen razón porque muchos de los ejecutivos tienen procesos en trámite en Brasil. Además, para la Fiscalía brasileña es conveniente que se no difunda el contenido de las delaciones, por eso exigen también discreción.

¿Cómo procederá la Fiscalía peruana en esta nueva etapa? ¿Firmará el segundo acuerdo?

—La Fiscalía solicitará por la cooperación internacional un total de doce pedidos de colaboración judicial para utilizarlos en los doce procesos que están actualmente en trámite en el Perú. Esto lo anunció el fiscal coordinador Alonso Peña Cabrera.

¿Se actuará de acuerdo con la discrecionalidad de la Fiscalía peruana?

—En mi opinión, la Fiscalía tiene una actitud demasiado cautelosa. Restringirse a esos doce casos limita el campo de acción del Ministerio Público, le fijan parámetros, condicionándolo solo a las investigaciones actualmente en curso.

¿Dejarían de verse otros posibles casos?

—Me parece que la Fiscalía peruana debe diseñar un gran caso y solicitar el mayor número de declaraciones de los 78 ejecutivos de Odebrecht acogidos a la delación premiada y no ceñirse a investigar solo los casos que ya están en trámite. Puede empezar solicitando las delaciones de los doce funcionarios que trabajaban en las oficinas de Odebrecht en Lima, algunos lo hicieron en el departamento de sobornos. Esto le permitirá a la Fiscalía peruana abrir nuevas líneas de investigación, otros casos. No limitarnos a los pocos procesos que tenemos actualmente en giro. Está bien reforzar ese trabajo, pero no nos pongamos un corsé. Avancemos en conocer cuál fue el comportamiento de Odebrecht durante toda su actuación en el Perú. La Fiscalía no debe actuar tan cautelosamente sino tener una actitud más sagaz, ofensiva y trabajar con energía para detectar todos los hechos ilegales que perpetró Odebrecht en el Perú. Conozcamos más, no solo lo que vino de Nueva York.

¿A quiénes debería incluirse?

—Por ejemplo a las autoridades de Proinversión, los abogados que participaron en los arbitrajes, en la elaboración de las adendas, el grado de participación de las empresas que trabajaron con Odebrecht, como por ejemplo JJ Camet, Graña y Montero. Barata dijo que conocían de la coima pagada a Toledo. En suma, solicitar el mayor número de declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht para conocer la totalidad de los hechos y no solo una parte de los mismos.

¿La discrecionalidad que está asumiendo la Fiscalía se presta a que pueda haber injerencia política?

—Demasiada cautela puede dar lugar a que se dejen espacios de impunidad y se creen zonas que no se conocerán. No quiero mencionar nombres, pero la Fiscalía tiene que actuar de manera independiente y tener la intensidad de investigación absolutamente con todos. No puede haber una direccionalidad profundizando investigaciones a determinadas personas.

¿El Ministerio Público debe informar al ciudadano sobre cómo abordará esta etapa y que no haya secretismo como ocurrió con el primer acuerdo con Odebrecht?

—Creo que la Fiscalía está en la obligación de comunicar al país cuáles son sus metas, sus objetivos. No puede ser que una investigación de esta magnitud esté en absoluto secreto. Es verdad que debe haber reserva, pero no sobre los objetivos centrales de la Fiscalía, sus líneas maestras. Es una obligación con el país.

¿Se podrá interrogar a los implicados en la corrupción en Perú?

—Una vez firmado el convenio, tendremos acceso a las delaciones de los 78 ejecutivos de Odebrecht, también la posibilidad de interrogarlos y tomar declaraciones. Sabemos que el lunes las autoridades peruanas interrogarán a Alberto Youssef, el cambista que manejó la entrega de dinero. También se hablará con Leonardo Meireles operador financiero que blanqueaba dinero. Lo interrogará el fiscal Juárez Atoche para el caso de lavado de activos de Nadine Heredia. Son diligencias importantes en base al convenio preliminar que firmamos con Odebrecht. Otra fuente de información es la colaboración espontánea que puede surgir conforme se desarrollen los procesos en Brasil. Si se detecta algo relacionado al Perú, Brasil nos lo comunicará.

¿Cómo ligar la información que vendrá con lo dicho por Jorge Barata ante las autoridades de Nueva York en enero de 2017?

—Ahora conoceremos declaraciones de otros ejecutivos de Odebrecht y otras más amplias brindadas por los señores Barata y Marcelo Odebrecht. Tendremos acceso a todas las pruebas que los ejecutivos de Odebrecht entregaron a la justicia brasileña: depósitos bancarios, cuentas, vouchers, movimientos del Departamento de Operaciones Estructuradas del Perú. Súmele la información de Suiza sobre la contabilidad paralela de Odebrecht y el acuerdo de EE.UU. El panorama se va a ampliar.

¿Aún no ha llegado nada de Suiza?

—No. Llegará por cooperación internacional. La Fiscalía tiene convenios con Suiza. Esa información está encriptada porque cuando comenzaron los procesos en Brasil, el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se traslada convenientemente a Suiza. Nosotros hemos contratado al ex fiscal suizo Stefan Lenz, quien conoce el funcionamiento de esta instancia. Luego de que suscribamos el segundo acuerdo con Ode-brecht se levanta la reserva para el Perú. La Fiscalía podrá conocer información importante y con documentación. La ventaja es que los fiscales peruanos pueden revisar la documentación que hay en Brasil y valorar la importancia probatoria de esta.

¿Tienen que viajar los fiscales?

—El fiscal Hamilton Castro está en Brasil. Hay tres modalidades de entrega de la información. Recibirla físicamente y de manera personal, creo que el Perú optará por esto, por eso el fiscal Castro está en Brasil. Las otras son que se entregue a través de la embajada o por medios informáticos. A Argentina le dieron un dispositivo electrónico. Ellos ya firmaron un acuerdo con Odebrecht sobre no someter a proceso a los ejecutivos brasileños acogidos a la delación premiada.

¿Si aceptamos las condiciones, Perú no podrá pedir una reparación civil a Odebrecht?

—Eso no impide que el Estado peruano pida una reparación económica a Odebrecht. Ya lo aceptó en el acuerdo preliminar con la Fiscalía firmado en enero de 2017. La suma debe determinarse.

En enero se acordó 29 millones de dólares, ¿es suficiente?

—No. Esa fue una seña. Los procuradores tienen que evaluar a cuánto asciende el daño para el país mediante informes técnicos. Ya están negociando, tenemos entendido que la Procuraduría ha fijado una cifra base de 60 millones de dólares. Veremos hasta dónde llegan.

¿La información será bastante profusa?

—Claro que sí, pero estará bajo el sigilo y la reserva. No va a ser una bomba atómica. Es probable que algunas cosas se filtren a la prensa.

A algunos medios privilegiados en realidad.

—(Ríe). Usted lo dice.

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, afirmó que los pedidos y las entregas serán paulatinos.

—Janot es el fiscal de la Nación allá. Él solicitó que la información no fuera pública, la Corte Suprema accedió porque hay procesos en trámite y eso puede entorpecerlos. Por eso las declaraciones se entregan a los fiscales peruanos para que desarrollen sus procesos, pero no pueden difundirlas. Son ocho países los que han solicitado información a Brasil, la prelación será en función de los países que lo hicieron primero. Perú fue uno de los primeros en pedir información.

¿Cómo queda la situación de Jorge Barata, funcionario de Odebrecht? Tiene un proceso abierto acá. ¿Prescribiría?

—La Fiscalía debe tomar una decisión. Si Barata se acogió a la colaboración eficaz, si se firma el acuerdo, su proceso acá debe cesar. Si no, sería una preocupación muy grande para los ejecutivos brasileños.

¿Los abogados de los implicados participarán en los interrogatorios a ejecutivos de Odebrecht?

—Primero se tendrá la transcripción de las declaraciones. En base a ello se pueden solicitar y luego ampliar las interrogantes y conversar con todos. Las autoridades brasileñas no han profundizado en las declaraciones sobre otros países. Ello requiere un interrogatorio directamente por parte de la autoridad peruana en este caso. Estarán presentes los abogados de los implicados y autoridades brasileñas. La mayoría de estos ejecutivos brasileños ya han sido sentenciados.

¿Quiénes entregan los papeles y documentos, Barata y los otros ejecutivos como personas naturales o la empresa Odebrecht?

—La empresa Odebrecht. Es la información que ha respaldado las declaraciones de sus ejecutivos. Es una delación corporativa. Al inicio todos eran renuentes. Solo cuando una secretaria del departamento de sobornos relató los hechos y entregó documentos, Marcelo Odebrecht tomó la decisión de colaborar. Es una decisión de la empresa. Por ejemplo, ellos tienen toda la documentación sobre el Perú que no ha sido necesariamente recabada por la justicia brasileña. Por eso en el acuerdo que firmemos debe consignarse que Odebrecht se comprometa a entregar toda la información bancaria y financiera de las coimas que pagaron.

¿Barata no es el único que coimeó?

—Él es uno de los responsables, hubo otros. No sé si el acuerdo comprende a Fernando Migliaccio, quien usaba el seudónimo de Waterloo. Él tiene información de primera mano. Las secretarias del Departamento de Operaciones Estructuradas dieron información sobre el Gobierno Regional del Callao. Hay cosas muy valiosas, los correos donde se informa sobre los pagos, las triangulaciones que hacen. Es una red muy importante. Odebrecht tiene todo esto. Si lo conocemos, nos permitirá muchas cosas.

Nadine Heredia dijo que Barata no mostró pruebas en su contra.

—Los fiscales no dan las pruebas sino la empresa. Cuando se evalúen estas se darán cuenta de lo espectacular de la información. Será un paso adelante, la Fiscalía peruana debe estar lo suficientemente preparada para afrontar esto. La información será nutrida. Tienen que formarse equipos de investigación especializados, suficientes peritos, auditores, que puedan valorar y utilizar bien las pruebas.

¿Pero no sabremos nada?

—Cuando las investigaciones avancen, se cuente con todas las pruebas y podamos vislumbrar algunos resultados, se sabrá algo. En Brasil demoró tres años. Por los actos que programe la Fiscalía, cuando inicie allanamientos, registros domiciliarios, requerimientos de cuentas, etc., sabremos hacia dónde va.

“Las agendas no son un diario sino un informe contable”

¿Por qué los procuradores no tendrán acceso a la información que viene de Brasil?

—Su ámbito de acción básicamente está relacionado con la reparación civil. La Fiscalía tomó la decisión de que el acuerdo preparatorio se mantenga en reserva.

Pero lo robado es dinero de los peruanos, no de una institución.

—Creo que los procuradores podrían tener acceso al expediente, ya se ha formalizado una investigación preparatoria y han sido reconocidos como actores civiles. Las pruebas que se recabarán de Brasil estarán en las carpetas fiscales. Los procuradores deberían conocerlas.

¿Los procuradores están venidos a menos?

—Hoy en día tienen un perfil bajo.

Después de varios ‘cachetadones’ gubernamentales.

—(Ríe). Creo que se debe privilegiar la independencia, las procuradoras merecen el respaldo de la sociedad. Pienso que deben tener acceso a la información, pero siempre manteniendo la reserva.

¿Odebrecht puede ayudar a desencriptar la información que está en Suiza?

—Es otro de los compromisos, creo yo. El encriptamiento realizado es muy complicado, ni con agentes del FBI se ha podido acceder. Pero no todas las coimas salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas. Hay algunas que proceden de otras cuentas manejadas directamente por Odebrecht. Inicialmente enviaban ‘burriers’ con dinero…

¿‘Doleiros’?

—Sí, llevaban la plata en el cuerpo, sumas importantes. Para la revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán, según lo declarado por otra empresa, OAS, se hicieron dos depósitos, lo que se ha conseguido son hojas de cálculo. Lamentablemente el caso va muy lento.

Josef Maiman exige para hablar que se acumulen los procesos Ecoteva y coima por la Interoceánica. ¿Le parece adecuado?

—Sí estoy de acuerdo con la acumulación. Es lo ideal. Es un mismo hecho. Ecoteva es el uso del dinero de la coima que vino de Lava Jato.

Se dice que Maiman involucraría a los ministros de Toledo en la época, incluido el presidente. ¿Qué pasaría con este último?

—El presidente está como testigo. Las investigaciones dirán qué otras personas están involucradas en estos hechos. La coima fue de 20 millones de dólares, y en cuentas se ha detectado 11 millones. No se sabe dónde está el resto ni de quién es. Se puede interrogar sobre ello a Barata. Hay que estudiar cómo se llevó adelante el proyecto de inversión de la Interoceánica.

A Toledo no lo extraditan, ¿requerimos un abogado en EE.UU.?

—Yo creo que sí, Toledo tiene dos estudios de abogados que defienden su posición de perseguido político. La solicitud de extradición está en la fase inicial, en el Departamento de Estado, ni siquiera ha pasado al Departamento de Justicia. Si no esto durará muchísimo tiempo. Parece que todo está detenido.

¿La información de Odebrecht sobre el dinero enviado a los Humala-Heredia para la campaña resulta bastante clara?

—La información de Barata fue corroborada por Marcelo Odebrecht. El dinero que les entregaron proviene de la contabilidad paralela, es ilegal e ilícito. Se reafirma que recibieron 3 millones de dólares. Son puntos muy consolidados.

Ellos indican que es una contribución política.

—De ser un aporte para el Partido Nacionalista se habría entregado a través del sistema bancario y entregado al responsable del partido. No de manera clandestina en un departamento de Miraflores a Nadine Heredia. Ese dinero nunca se declaró a la ONPE, fue para el disfrute de la señora Nadine Heredia. Por último, el monto está en sus agendas.

Pretenden excluir las agendas como pruebas.

—Improbable. Sería un escándalo. Las agendas no son un diario sino un informe contable del dinero recibido. Son como un libro de caja. Además no hay evidencia de que las robaron, por eso el fiscal desestimó esa denuncia.

¿Por qué Humala y Heredia no están en la cárcel?

—La investigación de Madre Mía II es muy comprometedora para Humala, con los nuevos testimonios ya debería estar comprendido en el proceso, esto lo puede llevar a prisión. A la Fiscalía le falta la información contable de Heredia, de cómo salió el dinero. Ahí evaluará una prisión preventiva.*

Datos

  • Avelino Guillén Jáuregui estudió la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres.
  • Ingresó al Ministerio Público en 1981. En dicha institución ocupó todos los cargos de la carrera fiscal y renunció en 2011, cuando ocupaba el puesto de fiscal superior.
  • En 2009, Guillén recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

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