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El congresista Víctor Grandez negó tener vínculos con proxenetismo

Legislador de Fuerza 2011 aseguró que no es dueño de un hostal en Iquitos donde se ejerce la prostitución infantil, como lo señala una denuncia periodística. Comisión de Ética archivó el caso luego de que denunciante se retractó.

Hostal Toro Bravo, en Iquitos, es propiedad de madre de legislador. (Difusión)
Hostal Toro Bravo, en Iquitos, es propiedad de madre de legislador. (Difusión)

El congresista fujimorista Víctor Grandez negó ser el propietario del hostal Toro Bravo, ubicado en Iquitos, local donde se ejerce la prostitución infantil y habría ocurrido la violación de una menor de edad, de acuerdo con una denuncia periodística que recoge testimonios y documentos de la Fiscalía.

“La denuncia afirma hasta en 7 oportunidades que soy propietario de ese hostal. Sin embargo, el periodista reconoce contradictoriamente que ese negocio es de mi señora madre y que así figura en la Sunat y en los Registros Públicos”, alegó el legislador en un comunicado.

Agregó que es grave que la nota del diario La República señale que “en Iquitos es comentario común ligar a Víctor Grandez a la práctica del proxenetismo”, pero no precise qué personas lo afirmaron. “Eso es tendencioso y malicioso”, anotó.

Grandez Saldaña recordó que esta denuncia ya la abordó el programa Cuarto Poder, y recordó que la periodista que lo entrevistó le entregó copia de la carta en la que Juan Santillán, quien lo denunció ante la Comisión de Ética del Congreso por estos hechos, se retractó.

Es más, subrayó que este grupo archivó la denuncia el pasado 10 de diciembre y que el mismo denunciante confesó que hizo la acusación bajo los efectos del alcohol y por presión de los “enemigos políticos” del fujimorista.

Fragmento de resolución. Clic aquí para leerla completa.

Grandez tampoco descartó que detrás de esta denuncia estén autoridades del gobierno regional a quienes cuestionó por las obras de alcantarillado, su pretensión de construir un tren, el mal manejo de los créditos agrarios y el mal uso de los fondos del canon petrolero que se usan, en más de 80%, en gastos corrientes y solo el 18% en inversión para obras.


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