Congreso investigará signos de riqueza de la familia de Gregorio Santos

Se complica la situación de Gregorio Santos. La Comisión de Fiscalización incluirá en la investigación contra el titular de Cajamarca la denuncia de Perú21 sobre la compra que hicieron los suegros del presidente regional de Cajamarca, que son unos humildes agricultores de Jaén, de un departamento en la mejor zona de Chiclayo, por el que pagaron, al cash, S/.148 mil.

Almanzor Dávila Fernández, de 81 años, y Blanca Graciela Castillo Pasco, de 79, adquirieron un departamento en un moderno edificio de la citada ciudad norteña en julio 2010, cuando Santos era entonces un profesor de primaria, dirigente antiminero y candidato a la presidencia regional de Cajamarca. En esa época, además, Santos dirigía las movilizaciones contra la minera Majaz.

“Es una denuncia grave. Se incluirá en la investigación de la comisión, porque el pedido de información, el cruce de datos del patrimonio, son parte de las facultades especiales que tiene la comisión”, dijo a Perú21 el titular de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón.

El legislador advirtió que la adquisición es sospechosa porque los ancianos hasta ahora no han ocupado su nuevo inmueble y siguen viviendo en su casa ubicada en el asentamiento humano Fila Alta, a unos cinco minutos de la ciudad de Jaén. Además, esta casa de dos pisos fue construida velozmente en el último verano, cuando su yerno ya era autoridad regional. Antes, en el lugar había una humilde choza.

“La denuncia va confirmando algunas sospechas e informaciones que ya teníamos en la comisión. Justamente habíamos estado revisando información sobre el patrimonio”, indicó Rondón, quien advirtió que el modus operandi en estos casos suele ser que las propiedades adquiridas nunca las ponen a su nombre, sino que empiezan a distribuirlas entre familiares cercanos.

“Santos debe acudir a la comisión el segundo miércoles de noviembre o el segundo viernes, de acuerdo a cómo avancemos con la investigación. Esta vez solo lo hemos citado de manera formal. Si no acude, sí lo llevaremos de grado fuerza. Además, solicitaremos que se le levante el secreto bancario, tributario y sus movimientos migratorios”, anotó el legislador.