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Escándalo: El INPE firmó convenio con un traficante de armas

Un venezolano procesado por el delito de comercialización y tenencia ilegal de armas donó bloqueadores de celulares para el penal El Milagro que solo él podía manipular y que nunca se instalaron.

El INPE firmó un convenio con el municipio de La Esperanza y la empresa Tele Taxi, de propiedad de Jean Pierre Denisse. (USI)
El INPE firmó un convenio con el municipio de La Esperanza y la empresa Tele Taxi, de propiedad de Jean Pierre Denisse. (USI)

La frustrada inauguración de un lote de bloqueadores de celulares destinados a combatir las extorsiones desde el penal de máxima seguridad El Milagro, de Trujillo, el pasado 4 de enero, trajo cola.

Fuentes de Perú21 informaron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) firmó un convenio con un procesado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el “delito contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro común, comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado-Ministerio de Interior”, que se ofreció a hacer esta donación.

Se trata del venezolano Jean Pierre Denisse Oyarzabal, dueño y apoderado de la empresa Tele Taxi, quien se hizo conocido en Trujillo, precisamente, por este tipo de donaciones.

SIN PARTE EN EL CASO
Este caso se remonta al 25 de julio de 2012, cuando el alcalde del distrito La Esperanza del partido Alianza para el Progreso, Daniel Marcelo, anunció ante la prensa que la empresa Tele Taxi iba a donar 28 bloqueadores de celulares y que la comuna iba a adquirir los accesorios adicionales para estos equipos.

Hasta ese momento no se entendía por qué el alcalde de un distrito en el que no está ubicado el referido penal (pues este pertenece al centro poblado El Milagro, distrito trujillano de Huanchaco) se preocupaba por esta situación, si la donación entre municipios está castigada por la ley.

Tampoco se entendía el interés de la empresa donante, como lo hicieron saber los regidores de La Esperanza el 10 de agosto, cuando se acepta definitivamente el donativo.

OSCURO INTERÉS
Según los documentos a los que tuvo acceso Perú21, el 13 noviembre, ante la insistencia del ‘generoso’ empresario venezolano, se suscribió el convenio público privado entre el Instituto Nacional Penitenciario, la Municipalidad de La Esperanza y la empresa del venezolano, pero representada por su esposa Tania Ortiz.

Sin embargo, la ilegalidad se presenta cuando Tele Taxi pone como condición para donar los bloqueadores que quiere “mantener en absoluta reserva la información de las características” de los equipos, así como “la ubicación al interior del establecimiento penitenciario de Trujillo”.

Según nuestras fuentes, las irregularidades continuaron cuando la misma empresa elaboró las especificaciones técnicas del municipio para comprar los accesorios adicionales por S/. 92,820.

La Municipalidad de La Esperanza, el 14 de diciembre del año pasado, le otorgó la buena pro a otra empresa pero del mismo venezolano: Peruven Radiotelevisión Internacional SAC.

Las maniobras no quedaron ahí. Jean Pierre Denisse Oyarzábal había declarado a un medio de Trujillo que los accesorios adicionales se habían entregado e instalado el 22 de diciembre en el penal El Milagro. Sin embargo, el 4 de enero de este año recién se firmó el contrato.

UNA BURLA
El 4 de enero, fecha de la supuesta firma del contrato, los ministros de Justicia, Eda Rivas, el titular del Interior, Wilfredo Pedraza y el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, viajaron a Trujillo para inaugurar el sistema de los bloqueadores, pero no habían sido instalados.

Después de la frustrada inauguración, el jefe de la Oficina de Sistemas de Información del INPE emite el informe No 02-2013-INOE/10-LGC en el que se confirma que estos equipos no fueron fabricados para ser utilizados en instalaciones de máxima seguridad y que, por lo tanto, no sirven.

Por ello, no se entiende por qué la municipalidad adquiere los accesorios y por qué el INPE autorizó la instalación sin un estudio técnico.

Frente a los cuestionamientos a esta turbia operación, el alcalde de La Esperanza no tuvo otra opción que aceptar su responsabilidad ante los medios locales y denunciar que los bloqueadores donados fueron retirados por la empresa Tele Taxi para colocarlos en el penal, pero que eso nunca ocurrió.

Es más, admitió que fue un error adquirir los accesorios. Sin embargo, fue una reacción tardía pues la Comisión de Fiscalización del Congreso ya decidió investigar el caso y, este miércoles, el alcalde de La Esperanza será interrogado.

La concurrencia del jefe del INPE también ha sido planteada por la comisión. Mañana se presentará el informe parlamentario en el cual se detalla esta cuestionada donación, pero también se advierte que la ejecución de este convenio habría puesto en peligro la seguridad del penal, no solo porque los bloqueadores donados son inútiles sino porque la empresa donante iba a manejar información privilegiada del funcionamiento y el lugar de ubicación de los equipos.

TENGA EN CUENTA

- La región La Libertad mantiene los más altos indicadores de inseguridad ciudadana a nivel nacional.

- El Congreso buscará aclarar la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios de la Municipalidad de La Esperanza y su participación en esta donación irregular.

- También se buscará esclarecer la participación del INPE y del Ministerio de Justicia en esta donación de bloqueadores.

- La intervención de la Contraloría General de la República es inminente.

SABÍA QUE

- Las fugas, motines, el hallazgo de droga y armas, además de las llamadas extorsionadoras obligaron al INPE a declarar en emergencia al penal El Milagro, de Trujillo, en mayo de 2012, por tres meses. La medida continúa.

- Desde esa fecha han sido trasladados de ese penal 200 presos, entre ellos, los cabecillas de las bandas de extorsionadores y sicarios ‘Los Malditos del Triunfo’, ‘Los Cagaleche’, ‘Los Malditos del Río Seco’ –integrada por ‘Gringasho’–, y ‘Los Pulpos’, a cárceles de Chiclayo, Piura y Lima.

- El penal El Milagro también está hacinado. Hay 1,682 reos cuando su capacidad es para 1,050. Además, las ocho cámaras de videovigilancia del recinto son obsoletas.

- La Municipalidad Provincial de Trujillo prometió comprar nuevos aparatos de seguridad interna, pero, al parecer, la oferta es letra muerta.


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