Gasoducto del Sur: Responsable de licitación fue consultor de Odebrecht

Óscar Libón (olibon@peru21.com)
Edgard Ramírez, titular del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión –que estuvo a cargo de la licitación del Gasoducto del Sur–, realizó consultorías directamente para la empresa Odebrecht, integrante del consorcio que obtuvo esa adjudicación por más de US$7 mil millones, según verificaciones efectuadas por Perú21.

También brindó asesorías a la compañía Kuntur, de propiedad de la indicada firma brasileña. Estos servicios se dieron entre 2008 y 2012, a través de la consultora Latin Energy Global Services, la cual fue constituida en agosto de 2004 por Ramírez y su hermano.

Cabe anotar que este funcionario fue designado en la presidencia del referido comité especial de Proinversión el 7 de mayo pasado, mediante una resolución suprema rubricada por el mandatario Ollanta Humala y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

LAS CONSULTORÍAS
Como gerente general de Latin Energy, Ramírez elaboró para Odebrecht estudios “de factibilidad del transporte, ductos y distribución de gas natural en el sur (del Perú)”, de acuerdo con información de la misma consultora.

Además, en ese proyecto, desarrolló análisis de los costos de inversión y explotación de la distribución de gas natural por redes en cada localidad de aquella zona del país, así como la evaluación de la competitividad del precio final de este combustible.

Precisamente, estos temas tienen relación con el Gasoducto del Sur, que consistirá en una tubería de 1,000 kilómetros que permitirá el transporte del gas natural desde Camisea (Cusco) hacia la costa sur del país, y comprenderá las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

En el caso de Kuntur, Edgard Ramírez realizó estudios de “desarrollo de proyectos de inversión de transporte y distribución de gas natural, estudios de demanda, ingeniería, evaluación de costos y modelos económicos de viabilidad técnica”, según figuraba en su propio perfil profesional.

VERSIÓN DE PARTE
Al respecto, el mencionado funcionario de Proinversión confirmó a Perú21 que brindó consultorías a Odebrecht y a Kuntur, pero consideró que no existe un conflicto de intereses al no tener un vínculo contractual vigente con la compañía brasileña. Dijo que informó sobre esta situación al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.

“Cuando el ministro Mayorga me llamó para apoyar en la adjudicación del gasoducto, evaluamos si había alguna incompatibilidad. Verificamos que ninguno de mis clientes –ni los de mi empresa– que tenía en ese entonces tenían relación alguna con los postores que estaban en carrera”, señaló Ramírez. Agregó: “Fue así que definimos que no había conflicto de interés y esa fue la razón por la cual asumí el cargo”.

“Una consultora como Latin Energy, especializada en gas natural, obviamente ha asesorado en algún momento prácticamente a todas las firmas del mercado nacional; es inevitable, pero eso fue en el pasado”, argumentó.

Afirmó que realizaron consultorías para Kuntur del 2008 al 2010 a través de “contratos puntuales”. Y su última asesoría para Odebrecht fue en el 2012.

Alegó que también prestó servicios para TGI, una de las firmas del consorcio descalificado el lunes último.

EXTRAÑOS VÍNCULOS
Los dos estudios de abogados consultados por Proinversión para descalificar al consorcio rival del grupo empresarial de Odebrecht tienen relación con la firma brasileña, como reveló ayer Perú21.

Se trata de los bufetes Delmar Ugarte y Echecopar. En el primer caso, Odebrecht es su cliente y, además, dos de sus abogados trabajaron para esa compañía. En el segundo estudio, uno de los socios laboró para esa firma.

EXISTEN INDICIOS DE CORRUPCIÓN
Análisis de Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones

Hay indicios de corrupción, de la comisión de un delito debido a que hubo una vinculación económica entre el presidente del comité de adjudicación y una de las empresas del consorcio que obtuvo la buena pro del Gasoducto del Sur.

Ese nexo hace que no solo exista una relación amical, sino que hace más fácil tener incidencia sobre esa persona. Una cercanía con la persona que decide, algo que no han tenido los otros postores.

Si Edgard Ramírez prestó asesorías a Odebrecht hace menos de dos años, no debió haber integrado el comité especial de Proinversión, según la ley.

Pero si superó ese plazo, la entidad estatal ha descuidado su facultad de supervisión de la transparencia de sus procesos, pues tuvo que haber detectado esa situación y destituirlo para garantizar la imparcialidad. Por lo menos, hay una falta ética de ese funcionario.

Este impedimento alcanza a todas las personas que hayan tenido cualquier vínculo económico; pudo haber sido trabajador o consultor de la empresa, o integrado un staff de abogados relacionado a la compañía.