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Adrianzén: “No hay razón para que Corte-IDH sancione a Perú por caso Chavín de Huántar”

El ministro de Justicia discrepó abiertamente de la posición de Francisco Eguiguren, quien pronosticó que el Perú perderá el litigio.

A voltear el partido. Ministro Adrianzén confía en que el fallo será favorable al Estado peruano. (César Fajardo)
A voltear el partido. Ministro Adrianzén confía en que el fallo será favorable al Estado peruano. (César Fajardo)

Choque. El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, discrepó abiertamente de la posición del jurista Francisco Eguiguren, nuevo integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien pronosticó que el Perú perderá el litigio por el caso Chavín de Huántar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

[Eguiguren pronosticó que Perú perderá caso Chavín de Huántar en Corte IDH]

Gustavo Adrianzén expresó su optimismo e indicó que la sentencia de la Corte-IDH será favorable al Estado peruano.

“Confío y guardo un gran optimismo, tengo la certeza de que hemos sido lo suficientemente convincentes para que los señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos crean en la posición del Estado peruano. No encuentro razón alguna para creer que el Estado pueda ser sancionado”, subrayó.

“Y mucho menos para justificar el otorgamiento de indemnizaciones a los familiares de estos delincuentes terroristas o las ONG que los han defendido”, afirmó en el Congreso de la República.

En los próximos días, la Corte-IDH, con sede en Costa Rica, dará a conocer su fallo respecto de la demanda que alegó que en el país* no hubo un proceso judicial adecuado para determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales* durante la intervención militar en el rescate de rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima.

La demanda fue interpuesta por los abogados de los familiares de los terroristas fallecidos en esa operación.

El titular de Justicia sostuvo que en los cerca de 18 años que tiene el caso Chavín de Huántar, ningún gobierno, como el del presidente Ollanta Humala, ha respaldado decididamente a los comandos.

“No se han escatimado esfuerzos ni recursos, hemos presentado a los mejores peritos forenses del mundo, hemos hecho cerrada defensa en sede nacional e internacional, tenemos testimonios como el del embajador Aoki y del vocal Hugo Sivina”, subrayó.

“NO SOY PROTERRORISTA”
Por su parte, Eguiguren sostuvo que su preocupación en este caso estriba en que, a 18 años de la operación militar, no se tenga el caso judicial interno resuelto que señale si hubo o no ejecución extrajudicial y quién es el responsable.

[Francisco Eguiguren: “No soy proterrorista, la operación Chavín de Huántar fue ejemplar”]

“No soy proterrorista ni he afirmado que al camarada Tito lo ejecutaron, eso es algo que debe aclarar la justicia, no yo”, manifestó en RPP. “Preocupa que nos imputen que no se cumplió el debido proceso por vencimiento de plazo razonable, que pasó un número largo de años y la justicia de país no ha terminado con identificar el caso, cerrarlo, decidir si hubo o no responsables”, añadió.

También aclaró que él es integrante electo de la CIDH pero todavía no ejerce ni tampoco tiene competencia en este fallo.

En tanto, Mario Amoretti, abogado de los comandos, advirtió que gobiernos pasados no hicieron una adecuada defensa en este caso.

“Entregamos todas las pruebas necesarias para que el Perú pudiera defenderse ante la CIDH, pero la gran sorpresa fue que después, al reunirnos con la entonces ministra de Justicia Rosario Fernández (en el gobierno de Alan García), nos informaron que todas las pruebas que entregó la defensa nunca se enviaron a la CIDH”, subrayó.

DATOS

  • Mario Amoretti, abogado de los comandos, advirtió que si la Corte-IDH falla en contra del Estado peruano, los afectados serán los 142 militares que participaron en la operación de rescate el 22 de abril de 1997.
  • La sentencia del Poder Judicial sobre este caso señala que hubo una ejecución extrajudicial en la operación. Este hecho no pudo ser rebatido por el procurador del Estado, Luis Huerta, en la sesión de la Corte-IDH de noviembre del 2014.

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