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Julia Príncipe: “Entre todos tiene que existir un marco de colaboración”

Señala que la parte agraviada, el Estado, tiene que saber, a través de la Procuraduría, qué dice el preacuerdo suscrito con la constructora Odebrecht. “Tampoco sabemos si la colaboración es de Barata o de Odebrecht”, precisa.

(Renzo Salazar/Perú21)
(Renzo Salazar/Perú21)

Nunca se han visto pintas callejeras en contra de un procurador. Julia Príncipe las tiene. Ha impulsado muchas investigaciones importantes y tiene que lidiar con lo que ella denomina el estilo Orellana Rengifo. Vaya que lo sabe. Requiere conocer algunos aspectos del acuerdo de colaboración con Jorge Barata (Odebrecht), la Fiscalía le hay dicho: nones, es confidencial.

Ha recibido una andanada de críticas y pedidos de renuncia. ¿Ha considerado renunciar al cargo de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado?
De ninguna manera, no voy a renunciar. A mí no se me ha detectado, ni descubierto ni he incurrido en ningún tipo de acto de corrupción. Por lo tanto, continuaré trabajando como lo estoy haciendo. A más ataques, más trabajo…

Más Julia Príncipe…
Usted lo ha dicho (ríe).

Le cuestionan acremente el negar que fuera usted quien aparecía en una foto con Moisés Tambini, de simpatías apristas…
Eso no es verdad. Han hecho toda una confusión, parece intencionada. Al final de un programa televisivo, me presentan una foto y me preguntaron si me reconocía en ella. Como no era yo, dije: no me reconozco. Nadie me preguntó si era una reunión o de qué evento se trataba. Dos o tres días después aparece una segunda foto de la misma reunión donde está Moises Tambini y yo. Lo reconocí porque era yo y estuve ahí. Mi amistad de 25 años con la familia Tambini Ávila no es algo oculto, un secreto. Jamás podría negar a mis amistades. Yo no tengo filiación partidaria. Nuestra amistad es transparente, no soy responsable de que ellos posean una filiación, ni de las amistades que frecuentan.

¿Qué hay detrás de esto?
Es un exceso. Me hace recordar a las épocas de Orellana. Se me cuestiona por una amistad, se duda de mi probidad cuando eso está demostrado plenamente. Queda clarísimo. En 2003 el hoy prófugo Alejandro Toledo Manrique me nombra procuradora. Y desde la Procuraduría de Lavado de Activos iniciamos e impulsamos las investigaciones a Toledo. Tampoco me tembló la mano para denunciar a Nadine Heredia. ¿Por qué se busca que se dude de mi imparcialidad e idoneidad? No voy a distraerme en ello. Pero es claro que se ha desatado una campaña contra mi persona. He demostrado con hechos, con actos…

¿De dónde viene?
Estoy evaluando cuál es el interés: desacreditarme, al mismo estilo de Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez. Están hurgando en mi vida, buceando. ¿Qué más? Ese señor lo hizo todo. También están siendo regladas las procuradoras designadas, las doctoras Katherine Ampuero y Liliana Meza. ¿Qué se pretende? Que salga. Es obvio, ¿no? Primero que salga Príncipe y luego las procuradoras ad hoc. De pronto somos una piedra en el zapato. Saben que no nos prestaremos a componendas corruptas.

La doctora Ampuero ha trabajado en la gestión de Susana Villarán…
Efectivamente, pero dos meses y días. Ha sido abogada de la procuraduría Fujimori-Montesinos durante cinco o seis años. Luego procuradora de Orden Público y también en la procuraduría de Lavado de Activos. La doctora Liliana Meza es de Trujillo, ha sido fiscal de Crimen Organizado, luego pasó a la procuraduría de Lavado de Activos.

¿Están investigando a Susana Villarán y el caso del peaje y Rutas de Lima, Línea 1?
Por informes recibidos, tengo entendido que están trabajando en estos y otros temas. Las procuradoras lo anunciarán.

¿Cuánto ha avanzado la Procuraduría Anticorrupción en el caso Lava Jato?
Como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ejerzo la representación del sistema. Entre otras atribuciones, me corresponde evaluar, supervisar, controlar el ejercicio eficiente de la defensa jurídica del Estado, que está a cargo de los procuradores. No intervengo en la investigación, ni sé de las estrategias de defensa de los procuradores.

Pero está al tanto de todo.
Por supuesto, en mérito de lo mencionado, las atribuciones que tengo. Es una gran responsabilidad.

¿Pero qué acciones han tomado para el caso Lava Jato?
Las doctoras ya se constituyeron en actor civil. A partir de ese momento, tienen que solicitar los embargos y medidas cautelares, ya plantearon algunos. Están esperando la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.

Se critica mucho que otros países embarguen a Odebrecht y aquí no pasa nada.
El 6 enero, cuando el procurador Amado Enco estuvo a cargo del caso Lava Jato, se solicitó que se amplíe la investigación para incorporar a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Monteverde como investigados; además, a servidores y funcionarios públicos. También se solicitó una declaración testimonial de los ex presidentes: Toledo, García, Humala y Kuczynski, además de ex ministros, ex presidentes regionales, ex altos funcionarios del Estado, alcaldes, ex alcaldes y otros. Sumaban 75 personas. Enco también solicitó levantamiento del secreto bancario, allanamientos, incautaciones. Pero el Ministerio Público emite una declaración indicando que eso lo resolverá en su momento. En lo referente a las incautaciones, se indica que la Procuraduría no es parte legítima. Me pregunto el porqué…

¿Los han ‘choteado’ en otras ocasiones?
Cuando trabajé en Lavado de Activos, la Procuraduría impulsó la mayoría de las incautaciones. Presentábamos pedidos debidamente sustentados, sólidos. El fiscal los hacía suyos y solicitaba al juez la incautación.

¿Por qué no procede así la Fiscalía?
Eso debe responderlo el Ministerio Público. Al igual que toda la población, la Procuraduría desconoce el contenido del preacuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público…

¿Es obligación de Fiscalía informarnos y, sobre todo, a la Procuraduría?
La Procuraduría es parte. El procurador es el abogado del Estado y este es una parte en la investigación, es el afectado, el agraviado. Debería saber qué está pasando. Hace un mes cursé una carta como presidenta del CNDE al fiscal de la Nación, preguntando cuál es el marco normativo por el cual se ha suscrito este preacuerdo con Odebrecht. Me respondieron hace unos días, a través del fiscal Hamilton Castro, señalando que el acuerdo es confidencial y no me pueden informar. La respuesta no es satisfactoria. Entre todas las instituciones del Estado tiene que existir un marco de colaboración. Obviamente repensando las funciones y roles que corresponden a cada uno.

No prima la colaboración de…
Usted lo ha dicho. Estamos evaluando si insistimos o qué acciones tomar.

El acuerdo implica que Odebrecht entrega la suma preliminar de 30 millones de soles. ¿Es adecuado?
No podemos opinar, desconocemos el contenido del acuerdo. La Fiscalía dijo que los 30 millones son un adelanto por ganancias ilícitas. A mí me llegó una comunicación de Mauricio Cruz López, representante de Odebrecht, solicitando una reunión para tratar el tema de la reparación. Lo derivé donde las procuradoras ad hoc.

La procuradora Ampuero respondió que se vería en la etapa correspondiente y en la Fiscalía se sostiene que el proceso judicial puede durar cinco años y no entienden por qué no se sientan a conversar con Odebrecht, quien ofrece 60 millones de dólares. ¿Poco?
No opinaré sobre notas periodísticas. Eso lo explicarán las procuradoras ad hoc en conferencia de prensa. Entiendo que la doctora Ampuero ha señalado que no es el momento procesal.

¿La ley señala que, en los procesos de colaboración eficaz, la procuraduría debe señalar y acordar el monto de la reparación civil? ¿No lo hacen los jueces?
Sí en colaboración eficaz, la procuraduría es citada en la etapa final para plantear la reparación civil.

¿La etapa final no es de acá a cinco años?
No. La ley lo señala. Pero la procuradora Ampuero lo explicará. Estamos en una etapa incipiente. ¿Por qué tiene prisa Odebrecht? Pareciera que quiere determinar el monto de la reparación. Es más, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando que propiciarían el acercamiento entre la empresa Odebrecht y la Procuraduría para tratar el tema de la reparación civil.

¿Ustedes le pidieron esto a la Fiscalía?
En ningún momento. Fiscalía mencionó que este acercamiento formaba parte del acuerdo con Odebrecht.

¿Sorprende la actitud de la Fiscalía?
Es sorprendente. Cuando Fiscalía anuncia el acuerdo con Odebrecht, no aludió al tema del acercamiento para la reparación civil. Días después, en un comunicado, Fiscalía anuncia el acercamiento.

¿No ha llamado por teléfono al fiscal de la Nación?
En la comunicación que le envío, le pedía nos indique cuál es el marco normativo del acuerdo con Odebrecht. ¿Es un tema de colaboración eficaz, de confesión sincera? Debemos establecer los niveles de acción de la Procuraduría. No queremos que nos revelen la reserva. La parte agraviada, el Estado tiene que saber, a través de la Procuraduría, qué dice ese acuerdo. Tampoco sabemos si la colaboración es de Barata o de Odebrecht.

¿Está con las manos atadas?
Igual avanzamos, hay 31 procesos en giro en el país: Odebrecht, empresas consorciadas, Olmos, Chavimochic. En Cusco tenemos cuatro casos vinculados a la construcción del hospital Antonio Lorena…

¿Donde participó Martín Belaúnde Lossio?
Así es. La investigación actual de Odebrecht se inicia el 8 de noviembre de 2016, en mérito del acuerdo suscrito con EE.UU., Suiza y Brasil. Ahí se comenta lo que ocurrió con Perú. El 26 de diciembre, la Fiscalía amplía su investigación contra quienes resulten responsables y ahí incorpora a Odebrecht, tomándose en cuenta las delaciones en Brasil. Las procuradoras no tienen acceso a las delaciones. No es usual. Siempre se trabajó de manera coordinada con Fiscalía. Cuando conversé con el Dr. Pablo Sánchez y el fiscal Hamilton Castro, quedamos en trabajar coordinadamente, pero no ha sido así.

¿Las procuradoras ad hoc conversan con el fiscal Hamilton Castro?
Entiendo que sí, para la formalización de investigación preparatoria contra Luyo, Cuba, Toledo, Barata, Jessica Tejada. El fiscal tiene la obligación de comunicar sobre ello y así las procuradurías se constituyen en actor civil. En virtud de ello, las procuradoras ad hoc podrán solicitar ante el juez medidas cautelares, embargo. Ya ocurrió en el caso de estas cinco personas. Pero, nuevamente, ellas lo anunciarán.

¿Cuánto piden en el caso Toledo?
La Procuraduría ad hoc ha solicitado un monto provisional de 200 millones de soles para las personas con formalización de denuncia, ya judicializado Toledo, Luyo, Cuba, Barata, Tejada. El monto definitivo se señala antes de la acusación fiscal. Recuerde que la Procuraduría de Lavado de Activos fue quien impulsó la investigación a Toledo. Cuando la fiscal archiva la investigación contra Toledo, Karp, Maiman, Dan On y otros, la Procuraduría interpuso el recurso de queja y la fiscal superior la acogió.

¿Por qué Toledo aún no llega al Perú?
Buena pregunta, pese a que el mapa del delito está prácticamente cerrado. La extradición puede demorar, por lo menos, seis meses a un año.

¿Es verdad que el Ministerio Público aún no ha formalizado la investigación de Odebrecht?
Entiendo que no. Pero ellos deben informar.

¿Ahora Odebrecht está actuando libremente?
Así parece. Sin embargo, la Procuraduría está viendo iniciado el peritaje para determinar el daño al Estado. Estamos contratando a los mejores profesionales. Tomará un poquito de tiempo presentar un informe. Cuando la procuraduría se constituye como actor civil, se estima un monto provisional de reparación civil.

Hay temor a que, cuando se pida la reparación civil, haya cero dólares en sus cajas.
Por eso es que tienen que funcionar las incautaciones, los allanamientos. Es parte del trabajo del Ministerio Público. El procurador Enco lo solicitó, se quedó ahí.

¿Se nos están pasando las tortugas?
Pareciera. Entonces, la responsabilidad es del Ministerio Público. Ellos se amparan en la confidencialidad. El fiscal de la Nación ha pedido que se confíe en el fiscal Hamilton Castro. Los 30 millones de peruanos debemos confiar en una sola persona.

Odebrecht tiene ocho empresas. Todas están representadas por Mauricio Cruz o solo Odebrecht Latin Invest…
Se han detectado más, cerca de 12 con diferentes denominaciones. En el documento que me envía Cruz para reunirnos, figura como representante de la Constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú.

¿Nos pueden estar haciendo ‘cholito’?
Es algo que debe precisarse. Cuando yo derivo la carta de Cruz a la procuradora Ampuero, tengo entendido que esta le solicita que Cruz acredite su representación y facultades para tratar estos temas.

¿Con cuál Odebrecht ha firmado el acuerdo de colaboración la Fiscalía?
No lo sabemos. Desconocemos el contenido. Esperemos que estén todas las empresas de Odebrecht. En la procuraduría se está buscando las fichas registrales. El acuerdo es para lo que viene de Brasil, EE.UU. Suiza. No sabemos de las empresas nacionales.

¿Para las nacionales Graña y Montero y JJC, se está estimando la reparación civil?
Mientras la Procuraduría no se constituya en actor civil, no se puede. Esto ocurre cuando se formaliza la investigación preparatoria. Ahí entra la Procuraduría y se constituye en actor civil.

¿Graña y Montero y JJC están siendo investigados en la Fiscalía?
No lo sé. El lunes o en el transcurso de la semana, las procuradoras anticorrupción están informando en una conferencia de prensa los pedidos de investigación, los casos que se solicita se reabran.

Involucra a Pedro Pablo Kuc-zynski y a políticos…
Se ha publicado el pedido de investigación al presidente, pero esa información no ha salido de Procuraduría. Espere al lunes, habrá mayor información. Las procuradoras en su comunicado consignan que, en conferencia de prensa, presentarán lo avanzado.

Incluye embargos ya solicitados al juez Carhuancho…
Muy probablemente.

¿Dentro de las competencias de la Procuraduría Anticorrupción está investigar al presidente?
Solicitarlo para quien sea, independiente del cargo o posición que haya ocupado en el Estado. La aceptación o no depende del fiscal o del juez. En los casos donde se ha constituido en actor civil se han pedido embargos y se espera la respuesta del juez.

¿Considera que el decreto de urgencia 003 protege a Graña y Montero y JJC?
No lo he leído ni analizado. Pero me extraña que tenga vigencia de un año solamente. En un año no se pueden cobrar las reparaciones civiles. El plazo de la investigación preliminar en un proceso complejo es de ocho meses, prorrogables ocho meses más. Y la reparación se pide cuando la Procuraduría se constituye en actor civil, cuando se formaliza la investigación preparatoria..

Datos

  • Fue procuradora anticorrupción de Lima.
  • En octubre de 2015 fue apartada del cargo de procuradora de Lavado de Activos, siendo ministro de Justicia Gustavo Adrianzén. Como procuradora se enfrentó a Orellana.
  • En setiembre de 2016 fue nombrada representante del Ministerio de Justicia en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que hoy preside.

Por Marilla Balbi / Periodista


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