Ministra de Educación le responde al contralor: "El informe aún no puede haber finalizado"

La Contraloría de la República, a través de su titular Edgar Alarcón, anunció que el próximo lunes presentará, en conferencia de prensa, el resultado de la auditoría realizada a la compra de computadoras hecha por el Ministerio de Educación (Minedu).

Alarcón adelantó que en el informe se hallaron responsabilidades penales por la referida compra y que la actual ministra de Educación, Marilú Martens, estaría vinculada a la presuntas irregularidades de la adquisición.

“Estamos concluyendo con presuntos indicios de responsabilidad penal. No tengo los documentos aquí. El lunes revelaremos en detalle quiénes son los presuntos responsables. La actual ministra de Educación estaría involucrada”, dijo Edgar Alarcón en RPP.

La ministra de Educación no se quedó calla tras escuchar a Alarcón. A través de un comunicado Martens respondió: “Quiero señalar con absoluta tranquilidad, pero con total firmeza, que son inaceptables las declaraciones del contralor General de la República, Edgar Alarcón, en las que afirma presentará un informe el lunes donde se incluyen presuntas responsabilidades penales contra mí. En primer lugar, ese informe no puede incluir una responsabilidad penal contra mí porque aún no he presentado la información requerida por la Contraloría respecto al requerimiento de computadoras que realicé en los años 2014 y 2015 para los Colegios de Alto Rendimiento”.

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La adquisición de las computadoras se realizó cuando Marilú Martens era directora de la Dirección General de Servicios Especializados (Digese) del Minedu. Ella detalló que sus descargos “serán entregados, de acuerdo al plazo de ley, el próximo miércoles 28 de junio del presente año”.

“En segundo lugar, el contralor ha incurrido en una falta grave al adelantar opinión sobre un informe que aún no puede haber finalizado y ha infringido los principios de control gubernamental, en específico el artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría, que prohíbe revelar información que pueda causar daño durante la ejecución de una acción de control”, agrega Martens en su comunicado.

El caso de la compra de computadoras se remonta a noviembre del año pasado cuando trascendió que la Fiscalía de Lavado de Activos estaba investigando esa adquisición efectuada por S/146’397,709 con el fin de equipar a colegios. Lo turbio sería que la compra se efectúo a empresas proveedoras que habrían desviado el dinero a cuentas de testaferros vinculados al Ministerio de Educación.

“La ciudadanía debe tener claro que desde el Ministerio de Educación estamos trabajando incansablemente por brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes, sobre la base de una gestión honesta y transparente. El Perú necesita estabilidad y para ello requerimos órganos de control que nos garanticen objetividad y un debido proceso”, finaliza la ministra.

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