26.NOV Martes, 2024
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Poder Judicial procesa a José Enrique Crousillat y a su abogado

Presentaron documentación falsa a un juzgado civil. Jorge Castro quiso hacer valer un poder apócrifo de su defendido mientras este estaba en la clandestinidad.

Ambos personajes podrían ser condenados. (USI)
Ambos personajes podrían ser condenados. (USI)

El exbroadcaster José Enrique Crousillat (aún preso) y su abogado, Jorge Castro Castro, enfrentan –en el 12 Juzgado Penal– un proceso por los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal. ¿El motivo? Haber presentado ante el 32 Juzgado Civil de Lima –en un proceso seguido por Plural TV contra el empresario– documentación falsa.

Se trataba específicamente de una Escritura Pública de Poder Amplio y General que Crousillat había presentado el 20 de diciembre de 2010 al juzgado, a través de su abogado, para que Castro lo representara en dicho proceso civil. Esto debido a que él se encontraba en la clandestinidad al anulársele el indulto que el gobierno de Alan García le había otorgado meses antes.

La irregularidad la pudo comprobar el Poder Judicial (PJ) al constatar en la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales que el Testimonio de la Escritura Pública del Kardex N° 5016 (número del archivo del notario Jorge Colareta Cavassa) no correspondía al poder otorgado por el empresario Crousillat.

En realidad, esa Escritura Pública pertenecía a una tercera persona. Además, se comprobó que el notario había sido destituido por haber sido condenado por la Comisión de Delito contra la Fe Pública, tal como lo indica la Resolución Ministerial 449-2006-JUS.

Al principio, la denuncia solamente incluyó a José Enrique Crousillat. Sin embargo, meses después, el 12 Juzgado Penal amplió la investigación a su abogado, Jorge Castro Castro, y ahora lo procesa con comparecencia restringida bajo reglas de conducta.

DATOS

- El juez ha citado a Crousillat y a Castro para el 9 y el 10 de julio, respectivamente, a fin de que rindan su declaración instructiva.

- Por fraude procesal, la pena es de 4 años de cárcel, y por uso de documentos públicos falsos, de 10 años.


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