El general EP ( r ) Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa, aseveró que es un acto de traición a las Fuerzas Armadas del Perú el presunto soborno a miembros de la Fuerza Aérea (FAP) por parte de la compañía estadounidense Dallas Airmotive.
“Aceptar un soborno es más grave cuando falta dinero y recursos en nuestra Fuerza Armada. Es una traición a la institución de parte de aquellos que se beneficiaron ilegalmente”, expresó.
Agregó que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la FAP deberían abrir una investigación y establecer las identidades de los supuestos implicados, así como sus responsabilidades, en el hecho que fue denunciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el miércoles último.
“La sanción no solo debe ser judicial, sino también moral. Hay que identificar a los responsables y sancionarlos de manera ejemplar”, manifestó a la agencia Andina.
Indicó que, con la implementación y operatividad de la Agencia de Compras Militares en el Estado, “los casos de corrupción en las adquisiciones se reducirán al mínimo”.
ABREN INDAGACIÓN
Tras la publicación de Perú21, voceros de la Marina señalaron que en este instituto castrense se realizará una indagación interna preliminar sobre el contrato con Dallas Airmotive –en 2009–, empresa que reconoció haber pagado sobornos a integrantes de la FAP a fin de descartar alguna irregularidad.
Sin embargo, enfatizaron que los procesos de adjudicación que efectúa la Marina son transparentes.
El comandante AP Colver Ruiz, director de Informaciones de la Marina, consideró que la justicia estadounidense, al no mencionar la presunta implicancia de miembros de este instituto militar, no halló evidencias contra algún marino.
Pero esa contratación –de septiembre de 2009– no fue la única. La compañía habría ganado otras dos buenas pro antes, las que no figuran en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
SABÍA QUE
- La firma Dallas Airmotive, proveedora de servicios de mantenimiento de motores de aeronaves, comenzó a operar en el país en la década de 1990.
- Su representante legal en el Perú, entre los años 2001 y 2008, fue Pío Dávila Eskenazi. Según, la justicia de Estados Unidos, los actos delictivos se habrían cometido entre el 2008 y el 2012.
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