El titular del 56 Juzgado Penal, Malzon Urbina, resolvió hoy a favor de los comerciantes de La Parada el hábeas corpus que estos habían presentado, y ordenó el retiro de policías y bloques de concreto que impiden las actividades en el excentro de abastos de La Victoria.

Asimismo, el magistrado –a quien la OCMA le abrió una investigación– dispuso que se entregue al Congreso el expediente del caso para que se investigue el grado de responsabilidad política del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, en el violento desalojo de octubre pasado, que dejó cuatro muertos.

Urbina también dispuso remitir al Ministerio Público los mismos documentos para investigar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien acusa de delito doloso.

Como se sabe, el procurador del municipio de Lima, Antonio Maldonado, había advertido días atrás que los comerciantes podrían ocupar de nuevo los terrenos del excentro de abastos, gracias a un hábeas corpus tramitado de “forma irregular”. Incluso habló de una bolsa de S/.70 mil para que el juez Urbina falle a favor del recurso.

HÁBEAS CORPUS FUNDADO
El fallo declaró fundado el recurso de hábeas corpus que interpuso Ida Obdulia Ávila Sedano, dirigente de La Parada, contra la alcaldesa Villarán y el ministro Wilfredo Pedraza, “por vulneración al principio y al derecho de la libertad individual, medida y vigilancia arbitraria y afectación del derecho a la igualdad ante la ley por trato indiscriminatorio”.

Además, el juez consideró ilegal que el municipio de Lima modifique el uso del terreno de La Parada, que fue donado por la familia Cánepa Caycho para que ahí funcione un centro de abastos, y lo pretenda convertir en un parque.

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