Según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el 97% de los niños y niñas de entre los 6 meses y los 6 años y el 98% de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre en la ciudad de La Oroya (Junín).
El documento incluye además una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas y a la empresa involucrada de la generación de plomo en la zona.
Asimismo, se detalló que desde 2007, está en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado peruano por la violación a los derechos humanos derivada de las emisiones tóxicas del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Las víctimas de este caso son representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones.
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