Alexandra Ames: En nombre de la Institucionalidad

Distintas noticias de esta semana –y del año– revelan la gran debilidad de nuestro sistema de partidos y de toda la institucionalidad pública de nuestro país.

La continuidad de Julio Guzmán en la carrera electoral está en juego porque su partido no ha cumplido con una serie de normas establecidas y el JNE, por derecho, tendría la legitimidad para sancionarlo y sacarlo de la contienda. Particularmente, estoy a favor de una sanción ante el incumplimiento de las normas, pero, ¿qué pasa con aquellos partidos que sí cumplen todos los requisitos ante la ley, pero que, por detrás, no son capaces de dar un argumento creíble respecto a cómo se financian? ¿De qué sirve ponerse tan recto con las normas –en nombre de la institucionalidad– cuando estas no están siendo capaces de fiscalizar correctamente problemas tan graves y estructurales como el lavado de activos o la corrupción?

Aparentemente, el sistema actual permite que se cumpla o se hagan cumplir las normas, pero, cuando estas terminan siendo inútiles y sus sanciones son desproporcionadas o poco eficientes para regular lo que realmente importa, se distorsiona su espíritu y se genera un clima en el que es posible cumplir con todo lo establecido, pero por mero trámite burocrático.
Pareciera que los legisladores se olvidan de aquello en lo que realmente se busca incidir.

La discusión no debería restringirse a si tenemos muchas o pocas normas, sino centrarse en qué tan útil y eficaz está siendo el marco normativo para construir un Estado de derecho sólido o, al menos, para guiar el comportamiento ético y transparente de las personas y lograr que interioricen el valor y el respeto de la cosa pública.

El sistema de partidos políticos es la puerta de entrada al gran mundo de la institucionalidad pública en todo país democrático. Si no diseñamos bien sus normas y no sancionamos estratégicamente y permitimos que “hecha la ley, hecha la trampa”, entonces la ley está de más.