El fujimorismo con sus aliados en empresas conservadoras, Apra y APP, concretaron en el pleno del Congreso la infame eliminación de la orientación sexual e identidad de género en el DL 1323 como forma de discriminación sancionada penalmente y como agravante cuando son el móvil en la comisión de delitos. No solo se niegan a reconocerle derechos legítimos a la comunidad LGTBI, como el matrimonio igualitario, sino que ahora les quitan derechos ya ganados. No son ningún privilegio, sino una previsión legal para sancionar actos que atentan contra la dignidad, integridad física y derecho a la vida de estas personas.
Defender a la comunidad LGTBI de los abusos a los que están expuestos en nuestra sociedad no es solo un acto de justicia, sino también una cuestión de seguridad ciudadana. La Secretaría Nacional de la Juventud evidenció que del total de adolescentes LGTBI encuestados en tres ciudades del Perú, el 35.8% en Lima declararon haber sido víctimas de violencia, 42.1% en Iquitos y 35.4% en Trujillo.
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