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Opinión

“De no solucionarse el problema con una inyección de fondos, a fines de julio no podrán renovarse los contratos del 40% de su personal”.

Hace unos días causó sorpresa y preocupación un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de sus redes sociales, en el que, apartándose de la diplomática discreción con la que actúan los organismos internacionales, informó a la opinión pública respecto a una grave crisis financiera por la que atraviesa dicho órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pronunciamiento señalaba que, de no solucionarse el problema con una inyección de fondos, a fines de julio no podrán renovarse los contratos del 40% de su personal. Así mismo, la Comisión se ha visto obligada a suspender las visitas previstas para este año, así como los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

Con ello, quedará prácticamente anulada la capacidad del organismo para procesar y vigilar las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos que recibe cada año, así como para adoptar medidas urgentes.

Perú, el país con más sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debería ser el más interesado en resguardar la estabilidad y continuidad de la CIDH.

Recordemos que las más alevosas violaciones a los derechos humanos en nuestro país lamentablemente no encontraron justicia en el Poder Judicial, sino en la citada Corte, en especial en la década de los 90s donde el gobierno de facto de Alberto Fujimori no solo hacía oídos sordos a las denuncias, sino que amnistiaba a los perpetradores de dichas aberraciones, como el Grupo Colina.

Dice mucho también de la actitud de la región frente a los Derechos Humanos el que un organismo que vigila el respeto de esta clase de derechos y que los mismos no sean violentados o descuidados por los Estados Parte de la OEA, se financie en gran medida por donaciones y se le deje morir de inanición al punto de obligar a sus funcionarios a ventilar sus penurias económicas.

Esperemos que este llamado de atención dé resultado y no tengamos que enfrentar una potencial vuelta del fujimorismo, con toda la prepotencia y negacionismo de derechos que tiene como ideología, sin un ente supranacional al cual podamos recurrir para defender nuestras libertades.


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