Fernando Cáceres: Carta al Ministro de Vivienda

Estimado ministro, como es de su conocimiento, el Poder Ejecutivo ha propuesto incrementar en 72% el presupuesto destinado a mejorar el acceso al agua y saneamiento durante el 2017. Esta noticia, sin embargo, no puede considerarse en sí misma positiva, pues, de no modificarse el marco institucional bajo el cual trabajan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), corremos el riesgo de tirar, nuevamente, recursos al agua.

Por todos es sabido que, para ganar la elección, PPK tuvo que elegir sus batallas, y que una de las que eligió no pelear fue la de realizar un cambio en la titularidad de las EPS. Así, el ahora mandatario se comprometió con el Sindicato de Sedapal a no privatizar ni concesionar Sedapal ni ninguna de las 50 EPS que pertenecen y son gestionadas por las municipalidades; un generoso compromiso, que debe haberle valido algunos votos.

PPK, felizmente, también se comprometió a que las EPS serían modernizadas en sus capacidades técnicas y de gestión, y a que se condicionarían los recursos a mejoras de infraestructura; morigerando de alguna manera su compromiso sindical.

La oportunidad de la delegación de facultades es propicia para que usted, señor ministro, nos demuestre que las EPS no están exentas de la aplicación de la ley. Hoy, por ejemplo, en Sedapal, los hijos de los trabajadores sindicalizados jubilados tienen preferencia para ser contratados, lo cual discrimina a los no sindicalizados y es inconstitucional. Mientras, Sedalib, la EPS de Trujillo, tiene firmado un acuerdo ilegal con Chavimóchic, según el cual si ingresa inversión privada a la EPS, la tarifa de compra de agua subirá 300%.

El gobierno pasado eligió ponerse de costado frente a muchos problemas. Elijan ustedes el Estado de derecho, y conviértanse en un gobierno ciudadano-céntrico.

Atentamente,
Un ciudadano

NOTA
El autor hace la siguiente rectificación sobre este artículo. En el cuarto párrafo debe decir:

Hoy, por ejemplo, en Sedapal, los hijos de los trabajadores jubilados tienen preferencia para ser contratados, lo cual es contrario a toda lógica meritocrática.

En lugar de:

Hoy, por ejemplo, en Sedapal, los hijos de los trabajadores sindicalizados jubilados tienen preferencia para ser contratados, lo cual discrimina a los no sindicalizados y es inconstitucional.