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Opinión

Al iniciarse este gobierno, se impuso una moratoria de 10 años al uso de organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos para cultivo o crianza, una medida temporal para prepararnos para afrontar los retos del ingreso y producción de OGM. Para ello, la propia ley previó que podrían ingresar al país OGM “destinados al uso en espacios confinados para fines de investigación”.

Tras cinco años de moratoria, el Ministerio del Ambiente afirma haber fortalecido las capacidades de gestión de riesgos para proteger la biodiversidad, pero nada parece haberse avanzado en experimentar con el uso de los OGM en espacios confinados a investigación, lo cual es clave para recabar pruebas de que la agricultura de productos nativos puede convivir con la de OGM.

Según el experto en biotecnología Marcel Gutiérrez-Correa, haciendo un cálculo conservador nuestros productores de maíz perderán S/3,500 millones durante toda la moratoria; pudiendo fluctuar las pérdidas de los algodoneros entre S/3,600 y S/8,500 millones (Comex). El impacto es real y la investigación, necesaria.

No voy a evaluar los recientes pronunciamientos científicos en favor del uso de la biotecnología, pues mi cuestionamiento trasciende a la posición que cada uno tenga: ¿Qué ha hecho el gobierno para comprobar que es posible la convivencia entre tipos de cultivo y crianza? ¿Es una profecía autocumplida?

La preocupante conclusión de Contribuyentes por Respeto es que: “En cinco años no se ha iniciado ningún proyecto de investigación. Los científicos extranjeros que venían trabajando desde el Centro Internacional de la Papa para mejorar la papa contra la rancha se fueron a Kenia. El proyecto sobre papayas transgénicas resistentes al virus del anillado del INIA fue abortado”. No le pido al nuevo gobierno que cambie la ley. Le pido que la cumpla y destine fondos a las investigaciones.

(@fdocaceres)


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