Guido Lombardi: Luna y sus fanstasmas

Al congresista José Luna Gálvez se le acusa de haber contratado tres empleados, remunerados por el Congreso, para que trabajen en la universidad de la que es propietario. La noticia no es nueva, se trata de una irregularidad más provocada por la condición de “asesor personal”. Recordemos, entonces, los casos de Elsa Canchaya, Tula Benítez y Michael Urtecho, por citar los más sonados.

El caso de Luna es doblemente grave, porque hizo su campaña prometiendo que cobraría únicamente un nuevo sol como remuneración. Y más grave aún porque se trata del secretario general de un partido político como Solidaridad Nacional, que hoy gobierna Lima.

La voluntad de apropiarse de recursos públicos de esa agrupación (si el caso Comunicore no fuera demostración suficiente) queda graficada por el hecho de que Víctor Torres Romero, uno de los empleados fantasmas cobijados por Luna es tesorero del partido de Castañeda y aportante regular de fondos para la agrupación.

Además, y el dato no es menor, la contratación de este sujeto fue autorizada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay, también integrante, oh sorpresa, del partido del sol.

Parece improbable que los congresistas renuncien al privilegio de contratar a seis asesores personales, pero está claro que ese sistema perverso e ineficiente lo único que produce son vergonzosas situaciones como las que comentamos.

Si usted saca la cuenta, verá que se trata de 780 empleados, de los cuales 260 son profesionales, que están al servicio –y responden a los intereses personales– de los congresistas y no del Congreso, o de sus bancadas. ¿Se imaginan la cantidad y calidad de profesionales que podrían asesorar a las comisiones ordinarias y a las bancadas en conjunto si se pusiera fin a ese sistema?

Esa debería ser la primera propuesta de la oposición para conseguir la Mesa Directiva en este último año de gobierno. ¿Se atreverán?