19.ENE Domingo, 2020
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Leía a un amigo indignado porque se aprovechan mediáticamente de que se hayan instalado carpas y se le haya regalado frazadas a los ciudadanos de la comunidad shipiba de Cantagallo. Recordaba que se canceló el proyecto Río Verde, que les hubiera dado acceso a una vivienda digna, para hacer un by-pass cuestionado. Un by-pass congestionado y cuestionado, añadiría. El beneficio social de hacer una obra millonaria para cambiar de sitio la congestión no puede ser mayor que el de la vivienda digna, y el que la ciudad mire a uno de sus tres ríos, como debe ser. El beneficio privado de renegociar con una empresa quebrada, cuyos principales directivos están presos o investigados por corrupción, resolvió el dilema de la manera equivocada.

También leía a una tuitera reclamando que eran invasores, que no tenían derechos, que había que expulsarlos.

Más allá de la indignación que comparto o de la vena fascistoide de algunos, debemos insistir en cuál es la agenda pendiente, la agenda de Lima.

Lima necesita un plan urbano que identifique amplias áreas para vivienda social, reduciendo así el precio del terreno y, por tanto, de la vivienda. No lo tiene porque algunos prefieren zonificar discrecionalmente. Otra vez prima el interés particular corrupto. Otros no supieron hacerlo, cuando éramos conscientes de quién regresaba después. Nuestro país necesita una APP bien diseñada, por el Proinversión 2.0 que finalmente tiene director ejecutivo, para lo que fue Barrio Mío: pistas, veredas, muros, escaleras, polideportivos y centros para la provisión de servicios sociales.

Nuestro país, finalmente, necesita de vuelta el Cofopri de los 90. Y el Estado tiene que tomar la iniciativa de contribuir a que se formalice la propiedad de los que menos oportunidades tienen. El status quo es profundamente inmoral. A ver si nos indignamos más por lo esencial que sigue pendiente.


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