Política a sangre y coca

Juan José Garrido,La opinión del director
El especialista en narcotráfico Jaime Antezana confirmó ayer que existen, al menos, 14 congresistas ligados al narcotráfico. La denuncia es muy seria y requiere de la mayor y más pronta investigación.

Por el perfil de nuestra casta política y de los partidos que cobija, no nos sorprende que sean 14 los involucrados. De hecho, casi podríamos apostar a que, si revisamos el financiamiento y el apoyo durante las campañas, encontraríamos más involucrados.

El problema central es, por supuesto, el filtro que los partidos políticos realizan (o dejan de realizar, para ser más precisos) durante la vorágine electoral. La búsqueda de fondos y de apoyo, así como el desinterés por revisar debidamente el pasado de los simpatizantes, termina creando una terna de candidatos con un prontuario escabroso. Son los partidos políticos aquellos llamados a realizar ese primer filtro institucional.

Como sabemos, aquel proceso no existe, razón por la cual hoy se pasean por los pasillos del Congreso personas ligadas al narcotráfico, como sostiene Jaime Antezana, y vinculadas al sangriento grupo terrorista Sendero Luminoso (como ha quedado en evidencia –por el propio autor– en un audio difundido recientemente por Perú21), entre otras desgracias.

Estos casos, para ahondar en la indignación, no son nuevos. Los casos de las ex congresistas Elsa Malpartida y Nancy Obregón debieron servir de ejemplo para establecer ciertos requisitos o limitaciones. Por increíble que parezca, ni uno ni lo otro. El caso de la ex congresista Malpartida es el más claro: integró las huestes de Artemio entre 1989 y 1994, según consta en los registros de la llamada Ley de Arrepentimiento. No puede el Partido Nacionalista, hoy, decirnos que jamás hubiesen aceptado a un ex senderista. Amado Romero no es el primer caso, y quién sabe si será el último.

El narcotráfico y el terrorismo son dos flagelos que aún jaquean nuestro desarrollo y, sobre todo, nuestro proyecto de nación. Los partidos tienen que asumir su responsabilidad, y nosotros –los electores– premiar o castigar dicho comportamiento en las elecciones.