27.JUN Martes, 2017
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La opinión del director

El país requiere, de manera urgente, de grandes dosis de unidad, ese pegamento natural propio de los países desarrollados. Sin aquel ingrediente, seguiremos siendo, ad infinitum, el país de las oportunidades perdidas.

El presidente Kuczynski evalúa, seriamente, la posibilidad de indultar al ex presidente Alberto Fujimori. Algunos han asegurado que se producirá, otros han puesto hasta fecha, pero, como dicen, esto no se acaba hasta que se acabe. El indulto ha puesto al antifujimorismo en alerta máxima, Defcon 1 en términos nucleares: al presidente Kuczynski lo han insultado y amenazado. Su ministra de Justicia se adelantó con una frase que augura su reacción si se produce. Así están las cosas.

Como era conocido, llegó la declaración que hiciera Marcelo Odebrecht a la Fiscalía peruana hace unas semanas, y es –palabras más, palabras menos– lo que se hizo público en los días siguientes.

Sobre el indulto. A estas alturas queda meridianamente claro para los peruanos ciertas cosas respecto al potencial indulto presidencial al ex presidente Alberto Fujimori. Primero, una mayoría de peruanos se sienten a favor del mismo; segundo, solo la vía del indulto humanitario sería válida, y es el presidente Kuczynski quien tiene la palabra; tercero, otorgar el indulto disparará fuerzas que deben ser analizadas en frío por el gobierno, mientras no-otorgarlo es también un riesgo (que el ex presidente Fujimori fallezca encarcelado, algo que sería percibido como inhumano); finalmente, si deciden hacerlo, no solo deberán medir las fuerzas sino buscar el momento adecuado.

La salida del ministro Alfredo Thorne es un golpe muy fuerte para el gobierno, y en especial para el presidente Kuczynski. Thorne, además de sus dotes como persona y profesional, fue la mano derecha del mandatario cuando aún era PPK: viajaban juntos, intercambiaban puntos de vista y demás.

Rechazada la cuestión de confianza presentada al Congreso por el ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien presentó su renuncia ante dicho voto, suman 4 las bajas del primer gabinete del presidente Kuczynski. Algunas observaciones por hacer.

El congresista oficialista Guido Lombardi sostuvo hace un par de días en los pasillos del Legislativo: “Habrá que confrontar a los abusadores que son mayoría en el Congreso. (…) Puede caer el gabinete entero y nombraremos a un gabinete en el que esté incluido Thorne en algún ministerio o en el premierato para que los censuren de nuevo, a ver si estos ganapanes se atreven a perder su quincena”.

Hizo bien el ministro Thorne presentando la “cuestión de confianza” ante el Congreso de la República. Como muy bien ha señalado, no es posible cumplir con su encargo sin la confianza de la representación nacional y, por ello, era imprescindible terminar este episodio cuanto antes.

Durante la segunda vuelta, con una mayoría fujimorista en el Congreso, los analistas señalaban los pros y contras de los escenarios finales; lo central, a fin de cuentas, se situaba en el balance del poder: si ganaba, Keiko Fujimori tendría en sus manos el Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual cualquier manifestación de autoritarismo se podía convertir en realidad; si ganaba Pedro P. Kuczynski, el poder estaría balanceado, pero con limitada capacidad de acción.

“La realidad, creo yo, no necesita que nadie la organice en forma de trama, es por sí misma una fascinante e incesante Central creativa”.

El Banco Central de Reserva del Perú ha revisado a la baja su proyección de crecimiento económico para este año de 3.5% (en marzo) a 2.8%. Es una reducción considerable, sin duda, pero que se sustenta en la tendencia, los desastres naturales en el primer trimestre y la paralización de distintos proyectos como el Gasoducto del Sur, por ejemplo.

En teoría de juegos, el juego más popular es aquel conocido como “el dilema del prisionero”. En él se estudian, en resumen, los costos y beneficios de adoptar una posición frente a distintos escenarios.

El arresto del ex presidente panameño Ricardo Martinelli en tierras norteamericanas ha puesto sobre el tapete la anodina iniciativa jurídica por traer al ex presidente Alejandro Toledo para que responda ante la justicia peruana. Y es que, estudiado el caso, todo apunta a un pésimo ejercicio fiscal.

Hay situaciones políticas que se caen por obvias. La censura del ministro Saavedra, por ejemplo. Más allá de las simpatías o antipatías, era vox populi el resultado de la votación a favor de la censura. El gobierno sabía que lo censurarían y, sin embargo, optaron por esperar el desenlace. ¿Por qué? ¿Qué ganaban con eso? Para Saavedra, la censura era una suerte de amuleto para el futuro, sería recordado como una suerte de “símbolo” de lo que es capaz de hacer el fujimorismo cuando tiene poder. Punto para los antifujimoristas.

“Lo que yo quisiera de España es que conozcan mejor al Perú y atraer aquí grandes empresas constructoras, porque con el escándalo de Odebrecht, las brasileñas poco a poco pierden aquí relevancia e importancia, y necesitamos reemplazarlas”, declaró hace unos días el presidente Kuczynski a su paso por España y, bueno, uno no puede sino preguntarse en qué rol brinda estas afirmaciones, como analista, banquero de inversión o presidente del Perú.

Los malos policías, que abundan, aprovechan la placa (el símbolo de poder) para crearse ingresos paralelos, la mayoría de ellos enmarcados en las famosas coimas; otros, más avezados, van más allá: roban droga de carteles, asesinan a sueldo, capturan a pedido, y así. Depende mucho, por supuesto, de cuál es el rango y cuál es la unidad en la que trabajan. Por ejemplo, es conocido que quienes pertenecen a las unidades de investigación (con lo cual tienen acceso a escuchas, seguimientos, entre otros) terminan utilizando dichas prerrogativas para hacerles trabajos al gobierno de turno y/o a agentes privados.

El 12 de abril, apenas dos días después de la primera vuelta de las elecciones generales 2016, sostuve en estas páginas lo siguiente: “Los programas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski tienen más semejanzas que diferencias, lo cual puede llevar a ambos grupos a alejarse de un debate programático para centrarse en insultos, acusaciones y guerra sucia. Esperamos que, advertidos de ello, realicen todo esfuerzo por mantenerse alejados de dicha estrategia electoral. No solo basta con que los líderes enfaticen y promocionen un debate de ideas y no de insultos, también deberán los voceros (oficiales y no oficiales) hacer el esfuerzo. Otra vez, ojalá lo entiendan así”.

Conocí a Carlos Basombrío, hoy ministro del Interior, pocos días antes de que asuma el cargo de Defensor del Lector en Perú21. Por supuesto, como muchos, lo seguía antes como analista y experto en seguridad. Pero es a través de su gestión como DdL que pude conocerlo como profesional y como persona, y si algo debo destacar es su honestidad e integridad absoluta.

La sensación de impunidad y de injusticia está a tope en el Perú. Ni para los entendidos –aquellos que se encuentran permanentemente informados, que conocen la estructura organizacional del Estado, cuáles son los mandatos y límites, y cómo funciona cada organismo– queda claro quién es el responsable, al final, de esta cuchipanda inacabable a costa de los contribuyentes. Muchos de ellos, con razón, ponen el grito en el cielo, a sabiendas de que resolver el problema no es cuestión de un organismo o una persona, menos aún de una decisión. El problema es complejo, requiere de muchos acuerdos, y no se resolverá de la noche a la mañana.

¿Cuánto más aguantarán los peruanos esta sensación de impunidad absoluta, de ausencia de Estado y de justicia, de sentirnos los idiotas que pagamos las cuentas para que otros se forren a nuestras expensas? Hace años, uno hubiese pensado que ya, en cualquier momento, la ciudadanía dará el paso a la protesta y que pronto veremos en calles y plazas a miles, indignados, presionando para que las cosas cambien. Como Brasil, hace poco, cuando salieron a las calles cerca de 6 millones a exigir justicia. Hoy, después de ver por años cómo nos roban en las narices y nada ocurre (o peor aún, ocurre que se ríen), pues no hay esperanza. Hemos tirado la toalla, o al menos, eso parece.

Algunas observaciones sobre el último estudio de segmentación ideológica realizado por Datum para Perú21 y publicado ayer en el diario.

Alarmantes, por decir lo menos, las cifras del reciente estudio ideológico preparado por Datum para Perú21. Como podemos ver, la población ha ido girando de manera perturbadora hacia el autoritarismo. Cuando en 2014 descubrimos un espeluznante 31% de peruanos que profesaban ideas de un autoritarismo anacrónico y rancio, jamás imaginamos que en tres años nos enfrentaríamos a una población, ahora mayoritaria, de 45.8%.

Y así, como si nada, amanecimos ayer con la noticia de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dejaba sin efecto el contrato para el aeropuerto de Chinchero, y encima por mutuo acuerdo. Cierto, el contrato se caía por peso propio: 81% de los ciudadanos cree que hubo corrupción en la adenda firmada y 49% (frente a un 26%) le daba la razón a la Contraloría frente al MEF (o sea, al Ejecutivo). En resumen, el contrato se veía como un error y se percibía corrupción en el mismo (Datum, junio de 2017).

Parte esencial del sistema de libre mercado es que los acuerdos a los que llegan compradores y vendedores se respeten; léase, que dichos acuerdos se lleven a cabo, que las partes se sientan satisfechas con dicho intercambio. Establecido el precio y las condiciones del bien o servicio en la compra y venta, a los cuales han arribado ambas partes en el estimado de sus preferencias y necesidades, es crucial que el acuerdo se concrete siguiendo los pormenores esperados: que el bien responda a la calidad ofrecida, que el servicio mantenga la pauta acordada, etcétera.

Mientras la aprobación del Ejecutivo (presidente y ministros) se mantiene, en el mejor de los casos, y la desaprobación se incrementa (en algunos de manera notable), la aprobación de la lideresa del fujimorismo mejora levemente. Esta constatación generará bilis en muchos, de seguro, pero es una demostración palpable que la estrategia planteada por el Ejecutivo (confrontar con el fujimorismo en la apuesta que la ciudadanía terminaría girando a favor del gobierno) debería, al menos, entrar en revisión.

Ante todo pronóstico, la encuesta de Datum (junio 2017) trajo indicadores mixtos para el presidente Kuczynski; mientras la aprobación subió dos puntos (dentro del margen de error), la desaprobación se incrementó en 6 puntos, llegando a 50% (lo cual deja un índice de popularidad de -5%; en el peor momento, este indicador llegó a -22%). Una caída importante entre los “no saben/no opinan” (de 13% a 5%) explicaría ambas diferencias.

El domingo, en “¿Qué nos separa?”, sostuve que el principal problema del país era la polarización política y social que vivimos. La precariedad institucional, la ralentización de la actividad económica, la inseguridad, la corrupción y más, no serán atendidos adecuadamente sin un pacto anterior, de carácter político.

Pareciera que al presidente Kuczynski le han vendido la idea de que le debe algo a la izquierda. En dicha lógica, la izquierda fue indispensable para llegar al poder (¿?) y son ellos los que lo acompañarán y soportarán ante los embates del enemigo en común, el fujimorismo. Todo esto es funcional, por supuesto, al eje antifujimorista, pero no se soporta ni en lo político ni en la realidad para el gobierno.

El ex presidente Alejandro Toledo está indignado. Ante las declaraciones del directivo de Odebrecht Jorge Barata, quien afirma que se le otorgó una coima de US$20 millones por sus gestiones en el proyecto Interoceánica, el ex mandatario ha amenazado con enjuiciarlo por US$200 millones. Menudo negocio sería, en todo caso.

Como era de esperarse, la aprobación del presidente Kuczynski cayó (en el último informe de GfK) de 42% a 36% (la desaprobación subió a 54%). Esto, como advertimos semanas atrás, era previsible: la recuperación de 10 puntos entre marzo y abril respondió, más que a hechos atribuibles al gobierno, a la unidad ciudadana detrás de los embates del fenómeno El Niño costero. Pasó antes, y pasó ahora.

¿Cuál es, hoy, el principal problema del Perú? Y por problema me refiero a uno estructural, uno que se presente en la raíz de los males. Nuestra precariedad institucional, sin duda, es un gigantesco problema para todos los peruanos y para nuestro desarrollo en el largo plazo. Problemas como los de la inseguridad o el enfriamiento económico se encuentran con nuestras precarias instituciones y se agravan; pero con instituciones sólidas, articuladas, estos y otros pueden resolverse con mayor facilidad.

Durante el quinquenio humalista, era vox populi –y motivo de un amplio debate– la injerencia de la Sra. Nadine Heredia en el Ejecutivo. No era, por cierto, un chisme: si querías algo del Ejecutivo, bueno o malo para el país, el enlace era la Sra. Heredia; y si el Gobierno quería algo de alguien, pues ídem. La Sra. Heredia viajaba en representación del Ejecutivo, se reunía con los líderes gremiales, recibía a empresarios y políticos, viajaba en delegaciones ministeriales (y era ella quien recibía los honores), y así. No se ocultaba, no lo escondía; muy por el contrario, se jactaba de eso.

Muy buenas designaciones ministeriales las de Bruno Giuffra para el MTC y Pedro Olaechea para Produce. El primero se ganó sus credenciales a través de una muy buena gestión en Produce. Sin miedos, Giuffra tomó al toro por las astas: primero, acercó el ente a los principales interesados (el sector empresarial), pero no desde un filo mercantilista sino de “destrabe”; léase, quitándole de encima las absurdas regulaciones que se han ido sumando a través de los años y que habían puesto al sector industrial en rojo (3 años consecutivos) luego de décadas de estar en azul. Segundo, no menos importante, puso pausa a esa absurda apuesta por el determinismo sectorial, implementada a través de los CITES (cuyas auditorías, dicho sea de paso, dejan al títere sin cabeza).

Uno. Fuertes declaraciones del premier Fernando Zavala respecto al uso político de las interpelaciones por parte de Fuerza Popular. Salvo por el detalle, no pequeño, de que la interpelación al ex ministro Martín Vizcarra fue liderada por Acción Popular (no por el fujimorismo), es cierto que la oposición está haciendo un uso desmedido de la misma. Esto lo decimos a sabiendas de que en democracia la interpelación es un mecanismo político válido; pero en lo que va de esta gestión, no solo debemos mirar las interpelaciones, sino también las visitas de los ministros a las comisiones del Congreso. En estas, el Ejecutivo pierde horas de horas para responder diatribas y, la mayoría de veces, escuchar excesos e insultos. Como bien dicen, está bien culantro, ¡pero no tanto! El Legislativo debe invitar a los ministros, interpelarlos cuando crea conveniente; pero en el exceso está el problema. Y si medimos las visitas en el primer año, pues estas están pasando, ciertamente, lo entendible.

Caído el affaire Chinchero, pierde el tiempo el oficialismo enfilando sus baterías contra el contralor Alarcón y el fujimorismo. Acusar a la Contraloría de hiperactividad, cuando aún no hemos pasado las primeras olas del tsunami Odebrecht, es hacerles un poco de juego a quienes acusan al gobierno justamente de eso: de lenidad frente a la corrupción. Le ponen, de paso, la pelota al fujimorismo para que meta un gol: son ellos, ahora, los que no se casan con los intereses empresariales y políticos.

Hizo bien el presidente Kuczynski al aceptar la renuncia del ministro (y primer vicepresidente) Martín Vizcarra a la cartera de Transportes y Comunicaciones. De no renunciar, su censura era, además de inminente, necesaria. Y es que la seguidilla de desaciertos no podía culminar en una aparición mediática para, como quien pide un café, sostener: “Hemos decidido dejar sin efecto el contrato y la adenda de Chinchero”. No es así, y no debe ser ni tan fácil ni gratuito. Para empezar, ya la empresa Kuntur Wasi, a los pocos minutos de la decisión, adelantó que evaluará seguirnos (ya que al final el Estado somos nosotros) acciones legales.

Conforme se acerca el 1 de junio, fecha en la que se harían públicas las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, se incrementan los chismes, la polarización y los nervios en pasillos públicos y privados. Como sabemos, dichas declaraciones fueron puestas en reserva por la justicia de Brasil por seis meses; vencido el plazo, las mismas se deberían hacer públicas y –en palabras del fiscal brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima– generarían un tsunami político.

El último sicosocial político (sobre los supuestos aportes de Odebrecht a las campañas de Fuerza Popular y Apra) debería llevarnos a una seria reflexión. Por increíble que parezca, algunos operadores políticos (maquillados de periodistas y líderes de opinión) siguen con el tole tole no obstante el Ministerio Público desvirtuó a las pocas horas la información. Nuestras fuentes sostienen que M. Ode-brecht nunca mencionó a Mercedes Aráoz ni a Keiko Fujimori, que explicó de manera general el apoyo de las grandes empresas (cualquiera) a los partidos políticos (en general) y que más bien reconoció el aporte de US$3 millones a la pareja Humala-Heredia (con algunas pistas muy sabrosas, por cierto).

Con una terquedad admirable, el ex presidente Ollanta Humala nos dice que el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero estuvo bien negociado, conforme pues, como dicen. Se ha dado el lujo de criticar, por supuesto, la adenda firmada por el gobierno, pero no por las razones correctas (facilitar la obra sin exigir beneficios adicionales), sino por las equivocadas (léase, politiquería).

Las comparaciones suelen ser odiosas (y a veces, ociosas), pero es inevitable observar lo que sucede en Brasil y no pensar en las similitudes con el Perú.

Regresemos, como ejercicio, a Enero del 2016. En la grilla electoral, recordemos, se encontraba el fujimorismo de líder absoluto (la primacía durante la primera vuelta nunca estuvo en disputa), y la pelea se daba por el segundo lugar. Como sabemos, pasó a la segunda vuelta PPK y, eventualmente, llegó al sillón presidencial.

Desde el punto de vista teórico, no parece una buena idea poner al presidente de la República (sea quien sea) al frente de una cámara; por un lado, los ejercicios en la región han servido como vehículos de propaganda más que como espacios de comunicación e información. Por otro lado, si el presidente entrevista a un ministro (como el caso de la ministra Martens), es inevitable la verticalidad de la comunicación entre entrevistador y entrevistado, lo cual genera un ruido en el oyente. Todo esto, además, entendiendo que la idea no generará costos adicionales (como ha sostenido el Ejecutivo), ni que será impuesto en canales privados.

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex cabeza de la constructora familiar y hoy apresado por delitos de corrupción, ratificó ante el fiscal Germán Juárez la entrega de US$3 millones a la pareja Humala-Heredia. Hasta donde se sabe, por otras delaciones, la plata salió de la caja utilizada para la compra de funcionarios públicos.

Cuando ya todo estaba dicho, pues el presidente y la ministra de Justicia justificaban su negativa al indulto para el ex presidente Alberto Fujimori, al punto en que la lideresa del fujimorismo planteará pronto un hábeas corpus, sale de nuevo el congresista Juan Sheput a sostener que “no se cierran las puertas” a la posibilidad. ¡Qué manera de complicarse la vida! Pero más importante, ¿para qué volver a poner el tema sobre la mesa?

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó el informe técnico “Evolución de la pobreza monetaria 2007-2016”, texto que oficializa las cuentas de pobreza y pobreza extrema en el Perú. El dato más importante, sin duda, es aquel de la incidencia de pobreza nacional, la cual baja 1.1 puntos para situarse en 20.7%, el nivel más bajo de nuestra historia.

El día de ayer, la Sra. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció la próxima presentación de un nuevo hábeas corpus que buscaría, según la explicación, la exculpación de su padre (el ex presidente Alberto Fujimori) por la vía legal. Como sabemos, no es la primera vez que lo presenta; y no existiendo cambios sustanciales ni en el marco jurídico ni en la estructura judicial, todo apunta a que este seguiría el mismo trayecto que el anterior.

Gobierno. A nivel de gestión, están enfocados en la reconstrucción y recuperar, en la medida de lo posible, nuestra aletargada economía. Bien. Es al nivel político donde se sigue percibiendo la falta de experiencia, reacción, visión país y así. No es solo un problema con los fujimoristas; es con casi todas las fuerzas políticas, por distintas razones. A estas alturas quedan pocas opciones: o bien no están preocupados por ello, o bien lo están y no les importa, o lo están pero no saben qué hacer. Sea como sea, esto les está pasando factura (y nos está costando a todos los peruanos). Lo del indulto ha sido tomado por el fujimorismo como una ofensa, y alguna cabeza pagará por ello de seguro.

En principio, la interpelación es una práctica regular en un sistema democrático: los representantes en el Legislativo, ante una preocupación o curiosidad, invitan a uno o más miembros del Ejecutivo a responder las razones detrás de la misma.

Señalábamos ayer, en “Impunidad total”, la creciente sensación en la ciudadanía de que aquí, en el Perú, no pasa nada respecto a la corrupción; léase, que para los corruptos debemos ser una suerte de paraíso legal, donde es muy fácil hacer negocios y muy difícil ser atrapado. Usamos el caso Lava Jato como ejemplo, pero en verdad se podría extender a otros del mismo tipo, como también a otros ejemplos de impunidad: el crimen organizado, delitos de encubrimiento o de función, y así. El caso Madre Mía, en el cual está sindicado el ex presidente Ollanta Humala, es otro ejemplo.

Han pasado 1,149 días desde que explotara en Brasil el caso Lava Jato. Cualquiera esperaría, en tanto tiempo y con dicha información, que nuestras autoridades asuman un rol preponderante en la búsqueda de la verdad y, por supuesto, de la justicia. Pasados más de mil días, uno esperaría decenas, si no centenas, de funcionarios, empresarios y personajes apresados, condenados la mayoría a penas durísimas (fujimoristas que cayeron por US$3,000 pasaron hasta 8 años en la cárcel) por corrupción y otros delitos.