Presidente de Transparencia Internacional a Nadine Heredia: “Debería someterse a prueba grafotécnica”

El debate jurídico por estos días se ha centrado en la licitud de pruebas que podrían ser determinantes en medio de investigaciones fiscales –caso de las presuntas agendas de Nadine Heredia– y de decisiones que podría revisar la Corte Suprema –caso de los ‘petroaudios’–. Esta es la posición de uno de los abogados más importantes del país, el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.

La Tercera Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial resolvió que los ‘petroaudios’ son “prueba ilícita” y no se tomarán en cuenta al momento de emitir una sentencia contra ex funcionarios apristas. ¿Cuál es su apreciación?
Creo que la sala se equivoca. Ya hay resoluciones en casos anteriores, los casos Montesinos y Lucchetti, en donde el Poder Judicial fijó cuáles son los criterios para considerar a una prueba ilegal o ilícita.

¿Cuáles son?
La prueba prohibida o ilícita surge como una necesidad de proteger al ciudadano frente al poder del Estado en el contexto de una investigación penal y, por lo tanto, se entiende que una prueba es ilegal cuando quien viola el derecho fundamental del ciudadano es el Estado. Cuando ese derecho es violado por un tercero, hay reiterada jurisprudencia en el sentido de que no hay proporción para declarar esa prueba como ilegal si es que va a contribuir con el esclarecimiento de la verdad.

¿Solo cuando el Estado es quien muestra las pruebas, se pueden invalidar estas por ser ilícitas?
La doctrina procesal penal admite muchas posiciones al respecto. Yo creo que la posición preponderante, la doctrina mayoritaria, es que, para considerar una prueba como ilícita, el violador del derecho tiene que ser el Estado. Esta decisión aún es revisable por la Corte Suprema y confío en que la revierta. Habría que conocer cuáles fueron los argumentos de los magistrados, porque, hasta donde se sabe, estos audios fueron logrados por una empresa privada, y tampoco se ha desvirtuado que el contenido de esas conversaciones sea cierto.

¿Este fallo de los ‘petroaudios’ puede sentar un precedente para el caso de las supuestas agendas de Nadine Heredia?
Creo que son dos hechos de naturaleza totalmente distinta, porque en las agendas no se está cuestionando que un tercero ha irrumpido en el ámbito de la intimidad de una conversación para tomar un registro ilegal, sino que alguien ha cometido un delito y se ha llevado esas agendas. Ese alguien es un tercero individual, aparentemente alguien que tenía acceso a la casa y no es el Estado, volvemos al mismo criterio. Y, en segundo lugar, existe mucha jurisprudencia constitucional en el sentido de que, cuando la prueba que se recaba la ha obtenido un tercero a través de la comisión de un delito, si tiene rasgos de veracidad, debe ser admitida.

¿El contenido de las agendas puede configurar delitos?
Evidentemente, la información que contienen esas agendas puede ser muy relevante para determinar si ha habido delito de lavado de activos o delito de corrupción. Entonces, no hay razón para que esa prueba no sea admitida. Primero, porque es prueba verosímil y, segundo, porque fue sustraída por un tercero individual que no es el Estado.

Según su concepto, ¿qué debería ocurrir ahora?
Lo que debería ocurrir es que la propietaria debería someterse a una prueba grafotécnica. ¿Cuál es el temor de que se haga una prueba científica y técnica para determinar si es su letra? Más aún, si se trata de la primera dama, debería dar el ejemplo a la nación.

¿Pero en la investigación fiscal se debe tomar en cuenta quién y de qué forma obtuvo las agendas?
A mí me parece que esa discusión es irrelevante. Aquí lo que se tiene que determinar, en primer lugar, es si las agendas y la información que contienen son auténticas. Si eso es así, lo segundo que habría que determinar es si no ha habido una intervención del Estado para violentar el domicilio de esta persona (Nadine Heredia) para llevarse las agendas. Todo indica que no. Ella misma ha denunciado a empleados de su domicilio diciendo que son ellos los que han cometido delito, que además es discutible que se haya cometido un delito, porque esas agendas no tienen un valor patrimonial.

En la comunicación que sostuvo Nadine Heredia con la periodista Rosa María Palacios, la primera dama indica que no quiere adelantarse a decir si es su letra o no públicamente para que la Fiscalía no saque provecho. Pero, ¿de qué manera sacaría provecho si es que no es su letra?
Ese juego de palabras de la primera dama, en el contexto en el que se produce, no admite duda de que ella está reconociendo que sí es su letra. Ahora, ¿cómo una persona que está comprendida en una investigación puede afirmar que la Fiscalía puede sacar provecho de la investigación? La Fiscalía busca, en representación de la sociedad, determinar si se ha cometido o no un delito. Aquí no hay un interés subalterno para tratar de perjudicar a esta persona. La Fiscalía no va a sacar provecho, no es un partido político, no es un rival, es una institución técnica.

Pero el oficialismo cree que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen influencia de otros partidos políticos, como el Apra.
Me parece que no hay ninguna base para sostener eso. La Fiscalía, hoy día, está en manos de una persona cuya trayectoria habla por sí misma y, por lo tanto, es un pretexto pretender sostener que aquí se está tiñendo de un interés político esta investigación.

¿Qué análisis hace de la corrupción en el Perú en los últimos gobiernos?
La corrupción ha sido un fenómeno presente a lo largo de toda nuestra historia. Si miramos los últimos gobiernos, tenemos el escándalo de Fujimori en los años 2000, luego viene el gobierno de Toledo y, a los pocos meses, su asesor principal Almeida es sorprendido en un acto de corrupción y ahora el mismo ex presidente Toledo está siendo investigado por unas compras millonarias que no puede explicar. Luego, viene el gobierno de Alan García y un gabinete tiene que renunciar por haber sido sorprendidos el premier y varios de sus ministros yendo a la suit de un personaje que venía a hacer negocios al Perú, y luego viene este gobierno, y no habían pasado ni dos semanas y el primer vicepresidente de la República fue sorprendido en un acto de corrupción que lo obligó a renunciar, y ahora el presidente y su esposa están involucrados en medio de una inmensa sospecha de actos indebidos.

¿Qué revela esto?
Revela que este no es un problema de partidos políticos, de ideologías, sino que es una problemática transversal al Perú que tiene que ver con la falta de institucionalidad, y esto, a su vez, tiene que ver con cómo está ordenada la política desde su origen. Pese a que tenemos una Ley de Partidos, nadie declara cuáles son las fuentes de financiamiento y todos sabemos que los candidatos son elegidos de acuerdo a la capacidad económica que tienen para comprar un puesto, y eso es lo que nos ofrecen a los ciudadanos como opciones electorales. El problema en el Perú es que la corrupción se ha normalizado. Los ciudadanos comunes y corrientes admiten que es normal que sus autoridades incurran en actos de corrupción porque ‘así somos los peruanos’. Eso no es verdad, eso puede cambiar.

¿Cómo puede cambiar?
El problema es que, para empezar un proceso de reversión de la corrupción, se necesita un liderazgo ético que debería venir de las más altas esferas de la autoridad, y ese liderazgo ético no lo vemos.

En los últimos años se revelaron casos como el de Áncash y Orellana. Y hace una semana el contralor Fuad Khoury dijo que está auditando 12 megaproyectos valorizados en US$13,500 millones, porque podría haber irregularidades.
La corrupción surge donde hay poder, y donde el poder es concentrado hay gran corrupción. Cuando ese poder se descentraliza, también se desconcentran las oportunidades de corrupción. El problema en el Perú es que se descentralizó el poder, pero no el control.

La corrupción, como menciona, ha estado presente en los últimos tres gobiernos del Perú, contando el actual. Eso se refleja en lo que sucede actualmente con el caso Lava Jato, en Brasil. Ahí están involucrados estos tres mandatos que, presuntamente, habrían recibido coimas.
En un mundo global, la corrupción también es global, y aquí se sabía que las empresas constructoras brasileñas grandes estaban inmersas en actos de corrupción desde hace muchos años, y las evidencias que hoy día tenemos confirman esas versiones, que no solo estuvieron vigentes durante un gobierno, sino que han pasado por varios.

Quizá si este caso no se destapaba en Brasil hubiese pasado mucho tiempo para que nos enteremos de esta corrupción en el Perú.
Y uno se pregunta: teniendo aquí una Contraloría, ¿cómo es posible que estos casos hayan pasado desapercibidos?

¿Cree que más adelante otro ex presidente del Perú, como Alejandro Toledo, Alan García u Ollanta Humala, puede ir preso?
Esa es una adivinanza, pero ya estamos viendo lo que ha pasado en Guatemala, donde un presidente y su vicepresidenta han terminado en prisión, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, donde personas con muchísimo poder privado y público también están yendo a la cárcel.

¿Esa coyuntura puede darse en el Perú o la ve lejana?
Yo creo que es una tendencia saludable, y ojalá que llegue al Perú, para que no haya impunidad en las altas esferas del poder, ya sea económico o político.

CORRUPCIÓN EN LAS AMÉRICAS

■ Balance. “Las Américas han tenido evaluaciones muy malas desde siempre en el índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional, salvo dos países que calificaban muy bien: Uruguay y Chile”.

■ Caso Chile. “Chile ahora está presentando problemas graves de corrupción que llegan incluso a círculos cercanos a la presidenta de la República, llega a congresistas y otras altas autoridades”.

■ Centroamérica. “Si miramos el triángulo norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala, encontramos gravísimos problemas vinculados al crimen organizado, al narcotráfico. Lo mismo ocurre en México. Hacia abajo del mapa están Paraguay, Argentina y Perú”.

■ Lío transversal. “El problema de la corrupción es transversal, incluso, a los sistemas políticos. No necesariamente un régimen democrático tiene menos corrupción que un régimen autoritario. Eso más tiene que ver con la institucionalidad y la conciencia ciudadana”.

Por: Ricardo Monzón (rmonzon@peru21.com)