La propuesta del MEF de reducir el IR a las empresas de 30% a 28% y aumentar el impuesto a los dividendos de 4.1% a 6.8% ha generado críticas. Más allá de temas puntuales que deben corregirse (tratamiento de holdings), es una buena iniciativa. El Estado grava personas, no empresas. Estas son vehículos que, mientras no distribuyan la renta, retienen dinero que en realidad es de sus accionistas. Disminuir el impuesto a ese nivel implica dejar más recursos en las empresas para la reinversión. Ahora bien, una vez que se decide distribuir esas utilidades, es natural que se busque que la tasa impositiva total de estas por esa renta sea similar a la máxima que pagan las personas que reciben renta de trabajo (30%). O sea: en el nuevo esquema, entre el impuesto que paga la empresa y luego el accionista, se llega a niveles similares a quienes trabajan. Tiene sentido económico.
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