Todo o nada

El presidente Ollanta Humala ha convocado una asamblea extraordinaria para debatir la recientemente promulgada Ley de Empleo Juvenil. Esto, por supuesto, es el último recurso que le quedaba al oficialismo; teniendo presente que el 28 se reunía la Comisión Permanente (donde seguro se derogaba la norma) y se ha convocado una quinta marcha de protesta, el gobierno jugó la última carta: obligar al Parlamento entero a votar a favor o en contra.

La ley por sí misma no es mala; valgan verdades, tampoco es buena. Pero el gobierno manejó muy mal el proceso: se trabajó tras bambalinas, se aprobó sin mayor comunicación y no se prepararon voceros o soportes mediáticos. Ese pésimo manejo es responsabilidad única del gobierno.

Dicho esto, la estrategia de llevar el debate al Congreso es buena: pone la sartén donde corresponde, en el fuego. Ahora la imprudencia estará balanceada: si se deroga, el gobierno apuntará a todo aquel que vote de manera inconsistente; si no se deroga, la marcha será contra el Congreso, ya no contra el gobierno.

El problema central es que, a estas alturas, el Ejecutivo no tiene la fuerza para presionar esta ley. No cuenta con la aprobación ciudadana ni con la fuerza política. El gobierno se ha cerrado en que no actúa de manera populista y que, si la norma es buena, entonces se la jugará con todo. Pero esa postura también es incorrecta: la norma es perfectible, es mejorable. Y a ello debió apuntar el gobierno: si el fondo del asunto, la principal preocupación e interés, era sacar adelante una ley que promueva la contratación de jóvenes, entonces debió pensarse en cómo mejorarla, no en cómo presionarla y sacarla como sea.

¿Cómo se pudo mejorar? De distintas maneras, pongo dos ejemplos: mejorando los beneficios no-laborales a los jóvenes, por ejemplo, o transfiriendo el coste de los jóvenes al Estado (como en Colombia). Ahora el gobierno ha llevado el debate a la arena política; veamos si sale con gloria o en ruinas.

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