Caso Áncash: Procuraduría identifica red que lideraría César Álvarez

Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)
El presidente regional de Áncash, César Álvarez, encabezaría una organización criminal integrada por 16 personas, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción del Santa desde el último 5 de mayo y al que Perú21 tuvo acceso.

La cúpula estaría conformada por el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo; el abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el empresario Martín Belaunde Lossio, y Jorge Burgos Guanilo, encargado de la imagen del titular ancashino.

La autoridad regional –señala el documento– habría autorizado “el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios políticos, denunciantes o testigos de los hechos criminales y habría utilizado a testaferros para ingresar dinero mal habido a la economía (…) simulando no tener ningún bien registrado a su nombre”.

De igual forma, añade el escrito, “habría dispuesto la compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales y judiciales para garantizar su poder e impunidad”.

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En el documento, la Procuraduría solicita a la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Santa que se pronuncie sobre su pedido de ampliación de la investigación preparatoria del 23 de abril pasado.

Para los abogados del Estado, Álvarez debería ser procesado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, interceptación telefónica, peculado doloso, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.

LOS DETALLES
El informe señala que esta presunta red criminal habría tenido como objetivo asegurar la permanencia de Álvarez en el poder (reelección de 2011) “valiéndose de la organización del gobierno regional para apropiarse y disponer ilegalmente de fondos públicos y obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y demás actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas”.

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Agrega que el objetivo de esta organización, que operaría desde el año 2009, habría sido cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a empresarios que postulaban a licitaciones de millonarias obras públicas.

“Parte de ese dinero habría sido destinado para comprar líneas editoriales de medios de comunicación locales a los que se suministraba de información, incluso obtenida por medio de intercepciones telefónicas, con el objetivo de desprestigiar a los opositores de la gestión del presidente regional y para sobornar a autoridades vinculadas al sistema de administración de justicia como policías, fiscales y jueces, quienes habrían tenido como rol impedir, obstaculizar y archivar las investigaciones o procesos judiciales contra los miembros de la ‘mafia’”, se indica.

La hipótesis incriminatoria señala que, para cometer los presuntos actos ilícitos, la organización criminal procuraba contar con un soporte político, mediático, judicial y coactivo, representado por congresistas, alcaldes, dueños de medios de comunicación, periodistas, policías, auxiliares jurisdiccionales, fiscales y jueces, seudodirigentes sindicales y sicarios, a efectos de garantizar impunidad por las vías del soborno, amedrentamiento o el asesinato de opositores.

Además, menciona que esta organización habría contado con testaferros (familiares, empleados o personal de confianza).

VÍNCULOS CON SICARIOS
El documento detalla que la red ilícita también tendría vínculos con sicarios que servirían para amedrentar y asesinar a sus opositores políticos o a quien se atreviera a denunciar o testificar los actos delincuenciales de la organización y que, finalmente, se habría valido de cómplices para ingresar el dinero mal habido a la economía a través de depósitos de dinero en cuentas bancarias y adquisición de bienes muebles e inmuebles.

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‘LA CENTRALITA’
El escrito también hace mención a ‘La Centralita’, que habría sido un lugar que servía a la organización criminal como un sitio de ‘chupuneo’ teléfonico y de operaciones para coordinar, diseñar y ejecutar las acciones ilícitas destinadas a la permanencia, protección y/o reforzamiento del poder de Álvarez.

Específicamente, este local habría servido para sostener reuniones y coordinar la línea editorial de determinados periodistas de medios televisivos y radiales locales, con la finalidad de exaltar la imagen del presidente regional y desprestigiar a las personas que cuestionen su labor.

La Procuraduría consideró el testimonio de Juan Carlos Barrios Ávalos (presunto excolaborador en ‘La Centralita’). “(…) Creo que al último que seguimos fue a unos empresarios que llegaron a Chimbote, que iban a declarar en contra del doctor Heriberto Benítez en tiempo de campaña. Me acuerdo que llegó la orden de Heriberto. ‘Saben qué, sigan a esa gente’, los seguimos en un carro chico. Llegamos a canal 41 y nos dimos (cuenta) de que había dos camionetas y nuestro tema era seguirlos y verlos… dónde se hospedaban y cuándo se iban a retirar, ya el presidente regional (dijo): ‘Sabes qué, intervén a esa gente, hay que atentar contra ellos’”.

Y agregó: “Benítez y Álvarez tienen gente, tienen delincuentes de alto vuelo… porque ya no es la primera vez, ya tenemos un atentado contra el hijo del señor Nolasco, que también todo fue planeado, porque inclusive a mí me presentaron al cabecilla de eso…”.

REACCIONES
Consultado por Perú21, Heriberto Benítez negó tajantemente formar parte de una organización criminal. “El procurador Christian Salas está realizando una acusación gravísima y falsa que tendrá que demostrar; de lo contrario, tomaré acciones legales en su contra. Los funcionarios de la Procuraduría están desesperados porque no encuentran ningún acto delictivo y están acusándonos de cualquier delito. Nunca he entregado información ilícita a nadie ni he sacado provecho de mi cargo de congresista. No he cometido ningún acto irregular”, enfatizó el parlamentario.

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Este diario llamó insistentemente al congresista Crisólogo para conocer su respuesta a estas imputaciones, pero no respondió. Voceros de Álvarez dijeron a Perú21 que, por ahora, no dará declaraciones. En tanto, el jefe de prensa del alcalde del Santa, Jhon Honorio, indicó que el burgomaestre no se encuentra en su despacho y es imposible ubicarlo porque constantemente cambia de número telefónico.

PODRÍAN SEPARAR A BENÍTEZ
La situación de Benítez es complicada también en su bancada. El vocero de Solidaridad Nacional (SN), Gustavo Rondón, anunció que evalúan la posible separación del congresista luego de que la Comisión de Ética acordara abrirle investigación por ‘La Centralita’.

“Al inicio no faltaron ganas de separarlo por la defensa abierta que hizo de Álvarez, pero fuimos ecuánimes y consideramos que no se le había probado nada y hubiéramos hecho mal en separarlo entonces. Sin embargo, ahora Ética consideró abrirle una investigación y vamos a valorar este nuevo escenario”, expresó.

Añadió que no blindarán a Benítez y abogó porque se investigue “hasta las últimas consecuencias”.

TENGA EN CUENTA

- La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Nancy Moreno, informó que las rotaciones de fiscales dispuestas por el exfiscal José Peláez, a dos días de dejar su cargo, no forman parte de la propuesta que ella entregó.

- Moreno dijo al Diario Chimbote que propuso el cambio provisional, pero en las resoluciones publicadas en El Peruano solo se hace mención a rotaciones de fiscales titulares.

- “No se trata de la relación que enviamos a Lima la semana pasada, en la que se ha recomendado a un grupo de profesionales para que asuman algunas fiscalías provinciales”, sostuvo.

CASO NOLASCO

- Linda del Valle, abogada de Fiorela Nolasco, pidió a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito judicial de Huara que investigue el asesinato del exconsejero Ezequiel Nolasco, las declaraciones del presidente regional César Álvarez y del alcalde Luis Arroyo.

- También de los asesores del presidente regional de Áncash, Jorge Burgos y José Carmen Ramos, y al prófugo sicario Rubén Moreno Olivo, ‘Goro’.

- El objetivo de estas diligencias es conocer dónde se encontraban el día del asesinato y cuál era su relación con la víctima.

- Del Valle solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones en un radio de 15 cuadras a la redonda del lugar del asesinato de Nolasco, doce horas antes y doce horas después del crimen.

- La abogada señaló que aún no hay ningún avance de su pedido.