Fiscal de la Nación toma acciones contra Michael Urtecho

Luego de abrirle una investigación formal por enriquecimiento ilícito al congresista Michael Urtecho, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, adoptó acciones concretas contra el parlamentario y su esposa, Claudia Gonzales.

La Fiscalía ha solicitado levantar el secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de Claudia Gonzales desde enero del 2011 a la fecha. Asimismo, ha pedido información financiera a la centrales de riesgo y a la Superintendencia de Banca y Seguros sobre Urtecho y Gonzales, además del registro migratorio de ambos.

La medida se adoptó porque “hay elementos razonables para hacer suponer que existe un desbalance patrimonial debido a la adquisición de un edificio valorizado en US$1’300 mil, en Trujillo”, se afirma en la resolución fiscal a la que accedió Perú21.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, admitió que los nuevos elementos presentados por Cuarto poder complican la situación de Urtecho.

Agregó que si se encontraran indicios de delito, “que parece ser el caso”, el tema pasaría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Lay comentó que ha solicitado la información respecto de las nuevas imputaciones (mal uso de donación de sillas de ruedas), que se sumarán al testimonio de los tres extrabajadores que dicen haber sufrido recortes de sueldos.

Por su parte, Michael Urtecho volvió a defenderse y manifestó que presentará las pruebas de su “inocencia” y denunciará a sus exservidores.

INDIFERENCIA
De otro lado, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén acusó a la Mesa Directiva del Congreso –presidida por Fredy Otárola– de actuar con indiferencia ante las denuncias contra Urtecho.

Otárola respondió que no hay demora ni blindaje “como lo hizo el Apra en el caso de Tula Benites”.

Velásquez refutó y le recordó a Otárola que las denuncias contra Benites y contra Elsa Canchaya fueron decisiones de la Mesa Directiva que presidía Mercedes Cabanillas.

DATOS

- Por tener empleados ‘fantasma’, el Congreso anterior desaforó a las legisladoras Elsa Canchaya (UN) y Tula Benites (Apra) en procesos paralelos a los realizados en el grupo de Ética.

- El Parlamento actual no ha denunciado a nadie hasta la fecha. Ni siquiera en graves casos como los de Omar Chehade y del condenado Emiliano Apaza.