'Ley Antauro': 48,717 reclusos se podrán acoger a esta norma

Carmen Mendoza
cmendoza@peru21.com

El presidente Ollanta Humala defendió la llamada ‘Ley Antauro’ –sobre beneficios penitenciarios para peligrosos delincuentes–, dándoles mayores argumentos a quienes advierten que fue dictada para favorecer a su hermano, condenado a 19 años de prisión por el asesinato de cuatro policías durante el ‘Andahuaylazo’.

“Es una mañosería política colocarle un mote a una ley porque es el hermano del presidente. Están hablando por hablar”, aseveró el mandatario.

Indicó que el Ejecutivo no propuso la norma, y señaló que el dispositivo solo mantiene el principio de no retroactividad. “Tenemos a más de 45 mil personas que vienen del régimen anterior, y la pregunta era: ¿Vamos a hacer que esta ley sea retroactiva para esta población que ya estaba acumulando beneficios penitenciarios? Es ilógico que se rompa con este principio”, insistió.

Ahora, junto con Antauro Humala –y gracias a la Ley 30101, promulgada por el jefe de Estado el sábado pasado–, criminales de alta peligrosidad podrán realizar sus trámites para acogerse a los beneficios penitenciarios y salir de prisión antes de lo previsto.

Justamente, Perú21 tuvo acceso a un documento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que precisa que, con el endurecimiento de las penas, aprobado en agosto último, se quedaron sin beneficios nada menos que 48,717 reclusos: 27,007 procesados y 21,710 sentenciados. (Ver recuadro aquí)

Solo entre los condenados figuran 2,441 por violación sexual de menores de edad, 1,058 por homicidio calificado, 343 por secuestro, 245 por terrorismo y 209 por parricidio. Todo ellos volvieron a respirar tranquilos cuando se publicó la ‘Ley Antauro’ porque, en la práctica, los liberó de las leyes más duras.

“TRAICIONÓ A PERUANOS”
Consultado por Perú21, el congresista Juan José Díaz Dios enfatizó que, tras las afirmaciones del presidente y del abogado de Antauro –quien dijo que su patrocinado se acogerá a la Ley 30101–, no tiene dudas de que el mandatario “traicionó a todos los peruanos” al impulsar la norma.

“Con el claro afán de ayudar a su hermano se liberará no a carteristas, sino a los más peligrosos delincuentes, como sicarios, asesinos y feminicidas. La excusa es que las cárceles están llenas”, subrayó.

El representante de Fuerza Popular señaló que en este caso no se puede aplicar el argumento de la no retroactividad de las leyes porque “los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino incentivos”.

Justamente, el Tribunal Constitucional, en el expediente 02387-2010, dispuso que los beneficios penitenciarios pueden “ser limitados o restringidos sin que ello importe arbitrariedad”.

LEY CON NOMBRE PROPIO
Para el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén “se trata, a todas luces, de una ley con nombre propio” que fue promovida por el Gobierno. “(Antauro) pedirá su libertad condicional y se la van a tener que dar”, aseveró.

En diálogo con Perú21, subrayó que la ley fue aprobada de forma irregular, producto de “una nueva repartija entre el nacionalismo y algunas bancadas que actúan como damas de compañía”.

SE APLICA HACIA ADELANTE
En respuesta, el parlamentario Virgilio Acuña (Solidaridad Nacional) reiteró que presentó el proyecto para atender un problema penitenciario y no para favorecer al cabecilla etnocacerista. “No recibí ninguna llamada, ni recomendación, ni consejo de nadie”, aseguró a Perú21. Incluso, su colega de bancada Heriberto Benítez indicó que habían escuchado el pedido de diversos sectores especializados del Estado.

Sostuvo que la norma alcanza a Antauro, así como a otros 40 mil reclusos. Sin embargo, refirió que el hermano del mandatario no podría salir en libertad porque no cumple con los requisitos, como el pago de la reparación civil.

“Lo que hizo el Congreso es decir que las leyes contra el crimen organizado se aplicarán hacia adelante”, anotó.

Al respecto, el titular de la Comisión de Justicia del Legislativo, Juan Carlos Eguren, enfatizó que la propuesta nació de la preocupación no solo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sino del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial.

Según explicó, cuando el Congreso de la República aumentó las penas y redujo los requisitos para salir de prisión, le faltó precisar que no tenían efecto retroactivo. Eso –dijo– se subsanó con la citada ley.

El abogado Mario Amoretti subrayó que la norma es justa porque la Constitución Política señala que ninguna ley es retroactiva. Agregó que el juez decidirá quién sale de prisión, pero remarcó que sí favorece a Antauro Humala.