Piden comisión investigadora de la gestión de Susana Villarán

Las denuncias por supuestos actos de corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) siguen apareciendo y la bancada de Fuerza Popular ya alista un pedido para crear una comisión investigadora.

La alcaldesa capitalina, Susana Villarán, acudió hoy a la Comisión de Fiscalización para responder por la omisión de la firma de un contrato con Relima, caso sobre el cual reconoció que hubo infracción administrativa por parte de los funcionarios de la comuna y que la exigencia del pago de S/.3.7 millones está en un proceso de arbitraje.

Para el fujimorista Julio Gagó, esta situación solo confirma que la administración de Villarán está “plagada de deficiencias y de actos de corrupción”. “El traslado de La Parada fue un fracaso y en lugar de sancionar a los funcionarios los premia con mejores puestos en Invermet”, indicó a Perú21.

FUNCIONARIA CON SUERTE
A este caso se suma una nueva denuncia. Esta vez contra la presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima, María del Carmen Vásquez de Velasco, pero que también salpica a Villarán.

Según el legislador Julio Rosas, esta funcionaria ya era miembro del directorio de esta institución (setiembre de 2012) cuando su ONG Sumbi firmó un convenio con la comuna limeña en marzo. Es más, en abril de este año, también cobró 10 mil soles por una consultoría para la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

No obstante, para la alcaldesa Villarán “no hay ningún conflicto de intereses” en este caso y aseguró que “tampoco irroga gastos a la comuna” pues los fondos vienen de una fundación holandesa. Incluso, aseguró que Vásquez de Velasco “honra” su gestión por ser una persona destacada y con experiencia en el manejo del Inabif y del desaparecido programa social Wawa Wasi.

Por su parte, el regidor limeño por el PPC Alfredo Lozada anunció que si la alcaldesa de Lima no resuelve este caso, la denunciará ante la Contraloría General de la República porque hay una evidente irregularidad y un conflicto ético “que no debe quedar impune”.