Claudia Cooper: Entre el laberinto y la irresponsabilidad

Existen dos opiniones sobre la política fiscal actual. Están quienes acusan un manejo irresponsable por el incremento del gasto corriente, sin la adecuada sustentación ante el Congreso y el país, dado que es más difícil explicar un cálculo estructural. Y está la opinión que la actual expansión fiscal es menor a la que debería, dadas las necesidades en infraestructura (que por su escala es la llamada a sustituir a la inversión minera) y educación (cuyos impulsos vienen siendo ralentizados por el argumento del corsé fiscal).

¿Está el problema en el componente del gasto que crece? ¿O lo importante es que el gasto de hoy sirva para contrarrestar la desaceleración y apuntalar el crecimiento potencial, y así generar los recursos para cerrar la brecha en el mediano plazo?

Todos coincidimos en que la infraestructura une la necesidad de impulsar el crecimiento de corto y largo plazo. Pero también están la educación y la salud en el mismo predicamento. Y estas reformas requieren, además, infraestructura, equipamiento (gasto corriente) y sobre todo el esfuerzo de apuntalar el recurso humano; es decir, profesores, médicos, enfermeras y reformas remunerativas.

Hay, sin embargo, dos temas que ajustar para asegurar que estos intentos de mejorar el PBI potencial no deriven en irresponsabilidad fiscal. La transparencia es clave y requiere agotar los esfuerzos en la comunicación respecto de las implicancias de regla estructural, con una exhaustiva sustentación de la misma ante el Congreso y la opinión pública (a fin de que no quede duda que la aplicación de esta regla no esconde intenciones políticas). Cabe preguntarse, además, si debe haber un mayor sinceramiento en los compromisos del Estado generados por los regímenes de APP a través de su inclusión dentro de la deuda pública, por ejemplo.

La aplicación de instrumentos más sofisticados de política fiscal, como la regla estructural, exige también mayor sofisticación en su implementación.