Columna Claudia Cooper

Los países de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, México y Perú)se reunieron esta semana en Puerto Varas (Chile), con dos países observadores de la misma: Argentina y Costa Rica.

Al boom de los mercados emergentes (2002-2012) le siguió un periodo en el que las economías desarrolladas ganaron posición relativa frente a los países emergentes, lo que hizo virar los capitales hacia estos últimos. ¿El triunfo del Brexit podría implicar un nuevo punto de inflexión en las decisiones de los inversionistas globales, mejorándose la posición de las economías emergentes?

No suele ser muy de moda escribir sobre un gobierno de salida. Pero felizmente, los legados de los sucesivos gobiernos han sido continuados por sus sucesores, generándose círculos virtuosos en varios sectores. En el Perú, las reformas no empiezan y terminan en sí mismas, sino que constituyen procesos sin autoría exclusiva.

Leo opiniones sobre la gran similitud que hay en las ofertas económicas de los dos candidatos que disputan la presidencia del Perú. Sin embargo, aunque coincido en que en lo fundamental (mantener el rol subsidiario del Estado en la economía) están de acuerdo, hay significativas diferencias en cuanto a la manera de enfrentar el crecimiento en el lustro que viene.

Las ofertas de campaña, en lo económico, fluctúan alrededor del tema fiscal. A diferencia del populismo de algunos vecinos nuestros (o de nuestra propia experiencia en los 80s), hoy en día la discusión ha avanzado y las ofertas electorales se dirigen hacia un mayor crecimiento potencial.

Revisaba mi libro de Economía Pública de la universidad y me encontré con un capítulo que sirve muy bien para la coyuntura, donde el debate electoral tiene como uno de sus puntos principales la efectividad de un impulso fiscal vía impuestos o gasto público, siempre asumiendo el respeto a la sostenibilidad fiscal.

La reciente decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a Southern dentro del índice bursátil peruano es un importantísimo paso adelante en el camino de nuestro país de seguir teniendo la categoría de país emergente y no caer en la definición de país frontera. Además de los efectos negativos que sobre el imaginario tendría ser definidos como país frontera, está la enorme reducción en fondos disponibles a ser invertidos por parte de la comunidad financiera internacional, en instrumentos emitidos por empresas peruanas.

El tema de las AFP se parece cada vez más a este fantástico cuento del Oriente Medio. Y es que al igual que Sherezade, este se niega a morir prometiendo un nuevo final para la siguiente oportunidad.

La ventaja de un ahorro individual forzado como el de la CTS frente a un seguro de desempleo está en que los aportes por CTS ya implican la incorporación de este beneficio por parte de los trabajadores como parte del sueldo anual, debido a la confianza que trae su mayor simplicidad (ante el complejo contrato de un producto de seguros). Así, un depósito produce una mayor sensación de propiedad en comparación con la “desconfiada” tangibilidad de una promesa de pago ante la probabilidad de ocurrencia de un evento. Adicionalmente, la CTS entra en disponibilidad cuando el trabajador deja la empresa independientemente de si fue despedido o si se retiró voluntariamente.

La reducción de las tasas impositivas y los costos laborales (seguro de desempleo) vienen siendo un tema recurrente en la batalla electoral. La efectividad de estas propuestas para la formalización del país, en mi opinión, está supeditada al diseño e implementación de otras medidas enfocadas en la reducción de la incertidumbre, que por menos efectistas no son menos eficaces. Y sin costo alguno.

El Congreso finalmente aprobó facultar a los afiliados de las AFP en edad de jubilación a retirar (si lo desean) sus ahorros acumulados en el sistema privado de pensiones.

El Frente Amplio tiene como una de las políticas económicas de su plan de gobierno reducir la tasa de interés de referencia. Dejando de lado las dificultades constitucionales, esta política es más complicada que la simple emisión de una norma. Y es que, dado el desarrollo del sistema financiero global (y consecuentemente también el local), los mecanismos de transmisión monetaria son cada vez más complejos. Hoy en día, la tasa de referencia es cada vez más una meta operativa que una meta intermedia, siendo su rol principal constituir una señal para los agentes económicos y no un mecanismo directo de reducción del costo del crédito.

El gobierno aprobó recientemente un alza de S/100 en el sueldo mínimo vital. Sin duda hay incentivos políticos para esta decisión, pero ello no es materia de este pequeño artículo.

Las elecciones plantean una interesante disyuntiva en lo que respecta al futuro económico del Perú para el próximo quinquenio. Si bien existe consenso sobre la priorización de la inclusión (acceso universal a educación, salud y seguridad) como factor indispensable para el desarrollo, en lo económico sí existen discrepancias. Los 5 candidatos que lideran las encuestas pueden dividirse en dos grupos. Aquellos que buscan consolidar la apertura y la inversión privada como pilares del crecimiento y quienes apelan a una mayor intervención estatal y un cierto ninguneo a la empresa privada (y a la inversión que esta origina), como visión de desarrollo. Dejo a criterio del lector dónde ubicar a cada candidato.

Sigo oyendo el argumento de que abrir el abanico de opciones para el ahorro pensionario a bancos, cajas, etc. traería más competencia al sistema y con ello más rentabilidad.

Tomo esta palabra de Carlos Meléndez, pues me parece muy buena para describir la tendencia que ha venido caracterizando las políticas públicas en el Perú. Es cierto que cualquier país que pretenda alcanzar una nueva etapa en su desarrollo económico y social debe iniciar reformas para dejar ciertas costumbres que le impiden optimizar su dotación de recursos (especialmente el talento de su población). Así, todos los países exitosos han llevado a cabo algún tipo de proceso eficaz de reformas.

Además de los efectos sobre la armonía poblacional entre jóvenes y adultos mayores, esta ley puede tener efectos importantes sobre el desarrollo del Perú. Y de esto se ha hablado poco y prometido mucho en esta campaña electoral.

La devaluación parece no dejar tregua. Durante décadas, el principal daño causado por ella fue a empresas y familias endeudadas en dólares. Hoy, ese problema (aunque sigue presente en segmentos como el vehicular e hipotecario) ha dejado de ser la única prioridad, al haberse reducido la dolarización a casi 30%, en línea con la participación del comercio exterior en el PBI. Sin embargo, los aspectos nocivos de la incesante alza cambiaria han virado de un problema de descalces entre gastos e ingresos a uno de decisión de portafolio e indexación de precios.

Solo conozco los problemas que viene enfrentando el partido de Julio Guzmán a través de los medios (y, por ello, seguramente pecaré de desconocimiento técnico), pero desde esta perspectiva la situación de Todos por el Perú se parece mucho a la que viven muchas entidades en el Perú en su relación con el Estado: la implacable tiranía de los procesos administrativos. Y es que la regulación ha pasado a ser más el objetivo de Estado que el instrumento que debiera ser, para conseguir una mejor convivencia. Hemos sido testigos en los últimos años de múltiples reformas que en lugar de emanar de la realidad para mejorarla y hacerla más predecible, constituyen imposiciones a las cuales la realidad debe adaptarse. Para utilizar términos legales, es la forma sobre la sustancia. El mundo al revés.

A fines de los 90, el mundo monetario experimentó un gran proceso de innovación basado en la introducción de la meta de inflación y la explosión del mercado de capitales como principal mecanismo de transmisión de política monetaria. Ello permitió casi dos décadas de crecimiento sin inflación y la constitución de los mercados emergentes como principales motores del crecimiento global.

El acuerdo no es perfecto y tiene defectos. ¿Qué compromiso no los tiene? Se pregunta The Economist. Los acuerdos comerciales han dejado de ser acuerdos basados en el intercambio de bienes y han incorporado crecientemente temas de servicios. Y aunque el desmantelamiento arancelario de productos gravitantes para muchas economías (agrícolas e industriales) ocurrirá eventualmente, el proceso plasmado en los tratados es prudentemente lento. Adicionalmente, las necesidades de salud pública redujeron sustancialmente la protección a ciertos medicamentos de la competencia de genéricos, y como mecanismo de protección social, se aseguró la adecuada atención a los derechos laborales mínimos, así como el cumplimiento de estándares medioambientales. Más reformador es lo referido a servicios, los cuales no están sujetos a los mismos impedimentos del intercambio de bienes. Se entrampan en otro tipo de regulaciones, como aduanas, visas y licencias.

Esta debe ser una de las campañas presidenciales con mayor confusión en cuanto a promesas electorales. Estamos siendo bombardeados por una espectacular producción de medidas que aterrizan sin filtro en el ciudadano real. En el plano económico proliferan ofrecimientos de reducciones tributarias, gasto público para todos los fines (en infraestructura, programas sociales, remuneraciones…), utilización de ahorros fiscales, regulación (o control) de precios.

La película La gran apuesta de Adam McKay es una aguda descripción de los momentos previos a una megacrisis, como la subprime del 2007, y aunque las conclusiones finales no se ajusten a la realidad, la complejidad del sistema financiero y el desarrollo de los personajes permiten comprender lo que llevó a la catástrofe desatada por la euforia subprime.

A mediados del 2007, la carátula de The Economist era la de un corredor de olas en un mar lleno de tiburones. Y a dicha carátula, casi un año después le siguió el pico de la crisis financiera internacional, con la quiebra de Lehman Brothers.

En un artículo de la semana pasada, Mercedes Aráoz planteó la disyuntiva de si la informalidad es un tema cultural o el resultado de un perverso sistema regulatorio basado en altos impuestos, su forma de recaudarlos; en una rígida legislación laboral; y en una excesiva carga de trámites para las pymes, además de su enorme vulnerabilidad. Para Mercedes Aráoz, el problema está en la regulación y no en la cultura de los peruanos.

La teoría económica establece que la devaluación estimula las exportaciones y con ellas el crecimiento. Sin embargo, una rápida correlación entre devaluación y crecimiento en el Perú muestra exactamente lo contrario; las devaluaciones han sido tremendamente recesivas. Ese “desajuste” entre teoría y realidad tendría tres explicaciones: no se toman en cuenta los mercados financieros, se asume plena movilidad laboral y el Perú es una economía dolarizada. El tema laboral es vasto y complejo, por lo que no me voy a detener en él. Más bien quisiera profundizar en el tema financiero y la dolarización.

“Nunca hemos tenido que asumir tanto riesgo por las rentabilidades que disponemos”. Fue la frase de la estratega de Franklin Templeton en su última conferencia anual a mediados de este año. A esta reflexión se suma la inquietud de miles de ahorristas que luego de casi tres décadas de interesantes rentabilidades ven sus ingresos anuales (a los que ya se acostumbraron) mermados por la baja performance de su capital.

La economía peruana creció 3.01% en octubre. Si bien esta cifra no es suficiente para generar el entusiasmo de otros tiempos, ubica al Perú en un buen lugar dentro del ránking regional.

Una amiga me comentó que quería comprarse un terreno y si yo podía ayudarla con parte del costo del mismo. Inmediatamente le sugerí averiguar las posibilidades que ofrecía Mivivienda. A lo que ella tajantemente me contesto: “Y si hay un terremoto, yo pierdo mi propiedad, prefiero el terreno para trabajarlo yo misma”. Es que para mucha gente, la propiedad de un terreno (a pesar de no estar formalizado y sujeto a todos los derechos que da la ley) es menos riesgoso que la copropiedad del mismo con otros propietarios de departamentos, aunque estos si estén totalmente amparados por la formalidad. Me preguntaba qué tenían en común hechos recientes en la coyuntura nacional como la presión por recuperar los ahorros de las pensiones o el de priorizar la infraestructura frente a la capacitación de las personas (o mejor dicho en la inversión de capital humano). Y la clave está en la confianza en las instituciones. Uno se siente más seguro teniendo en sus manos su dinero que fundiéndolo con el de otros y delegando su administración a un tercero. Peor aún es la inseguridad si hay que desprenderse de esa cuenta propia y visible para entregarla a un tercero (la compañía de seguros) a cambio de una renta vitalicia etérea que solo se materializa físicamente en flujos mensuales de largo plazo. Hay (la poco racional) sensación de menor riesgo en el manejo propio de los activos que delegarlos a los especialistas. En cuanto al gasto público, da más seguridad ver lo tangible del hospital, la escuela, el puerto o la carretera que la “subjetividad” de la calidad del profesor, el médico o el operador cuya capacidad no podemos controlar, aun cuando estos son incluso más importantes en la calidad del servicio brindado.

En los últimos años el Estado peruano se ha esforzado en crear un marco normativo que facilite la inversión, el emprendedurismo y la formalidad. Y en este propósito, lo hemos visto realizar múltiples intentos de cambio normativo, cuyo principal fin estaba en la facilitación y predictibilidad de las decisiones de los agentes productivos. Así, los múltiples cambios a la Ley de APP y obras por impuestos buscaron facilitar la planificación en infraestructura y los cambios a los diferentes regímenes de inversiones (pensiones, fondos mutuos, seguros, inmobiliario, bolsa de valores, etc.); trataron de flexibilizar las decisiones de los inversionistas. En cuanto a las inversiones más pequeñas, se ha buscado reducir los trámites para iniciar un negocio. Finalmente, se ha intentado incorporar a más agentes económicos a la formalidad con normas que crean regímenes laborales y tributarios especiales, como la Ley pymes, el RUS, el régimen especial de renta y el último intento políticamente infructuoso de la ‘ley Pulpín’.

Hay en el Perú el consenso de que cualquier planeamiento de largo plazo para nuestra economía debe hacer de la informalidad el eje de la política económica. Y en ese predicamento PPK ha asumido el liderazgo. Sin embargo, las discrepancias afloran en el cómo. Hacerlo con el énfasis puesto en bajar las tasas de impuestos no parece ser lo más eficiente en términos de costo-beneficio. No solo por el irreparable costo macroeconómico (fiscal) que podría traer, sino por las enormes dudas que esto genera con respecto al argumento que una menor tasa gatillaría el ansiado incremento en la base tributaria. El escepticismo crece, si se toma en cuenta que los últimos gobiernos han llevado a cabo cambios en las tasas impositivas (García retornó el IGV a 18% y Humala redujo el Impuesto a la Renta), las cuales no resultaron en ampliación visible de la base tributaria, pero sí fueron superefectivas en reducir la recaudación.

La revista The Economist recordaba que ya han pasado casi 10 años de la crisis subprime en Estados Unidos. Luego, llegó la insolvencia griega que gatilló la crisis del euro y el consecuente trance de la deuda europea.

El Perú entró, luego de la debacle económica de los 70 y 80, en una saludable tendencia de reformas económicas, que aunque no fueron lo profundas que se hubiera querido, constituían un interesante proceso hacia el desarrollo que hasta ayer parecía tener cierta solidez y consistencia. El Congreso aprobó vulnerar de un plumazo y sin seriedad profesional alguna el esfuerzo de décadas en que se embarcó el país para asegurar a su población una vejez digna.

La relevancia de las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) no es cuestionable. Según cifras de la OECD y la OIT, constituyen más del 99% de empresas en el mundo y emplean a más del 80% de trabajadores en la región latinoamericana.

Hoy en día, casi todas las discusiones económicas y financieras hacen referencia a lo que viene ocurriendo en China y su consecuencia en los mercados emergentes. En este contexto, los inversionistas se han puesto más selectivos y la evaluación previa a la inversión incorpora la capacidad del país de encontrar la senda del desarrollo y evitar la trampa del mediano ingreso. En un reciente foro, los estrategas del banco de inversión UBS planearon un enfoque sobre el desarrollo de mercados emergentes que aplica muy bien al Perú, basado en que existen cuatro etapas en el proceso de desarrollo: la previa al despegue (países de bajo desarrollo), el proceso de despegue (mercados frontera), el proceso hacia la madurez (mercados emergentes) y finalmente la fase de consumo masivo que caracteriza a los países desarrollados.

La caída de los mercados afectó la rentabilidad de los inversionistas globales y también de las AFP, que registraron pérdidas en los últimos 3 meses. Sin embargo, el análisis trimestral sobre la performance de un portafolio de largo plazo no es lo más justo. Y concluir que el sistema no funciona porque las pensiones actuales no son satisfactorias es también una reflexión incompleta, ya que el sistema es relativamente nuevo y no hay aún una promoción de jubilados que permita medir razonablemente el nivel de la tasa de reemplazo.

En las reuniones de FMI y el Banco Mundial se trató extensamente el tema de la igualdad. Interesante fue el debate entre Richard Webb y Santiago Levi sobre las prioridades que deben atenderse para lograr un crecimiento inclusivo.

Hoy vivimos en un mundo con baja inflación. Por ello, muchas de las discusiones que se vienen llevando a cabo en el contexto de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) giran en torno a los retos que genera este nuevo entorno de baja inflación, inmensa liquidez y tasas de interés reales negativas.

Existen quienes están en contra y a favor de la inversión minera. Así, durante los últimos días hemos visto a ambos bandos exponer sus diferencias en todas las plataformas mediáticas posibles.

La reciente medida adoptada por el Banco Central (BCRP) de elevar la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos fue sorpresiva para muchos, ya que en un contexto de desaceleración económica, una lectura simple hubiera implicado deducir una reducción de la tasa, pues una tasa más baja supone mayor inyección de soles que la sustente y mayor liquidez (y un menor costo) para atender la demanda por crédito.

La posibilidad de que MSCI califique las acciones peruanas como fronterizas, desde su actual condición de emergentes, no es una calificación soberana del país, sino que responde a una evaluación del mercado accionario peruano. Por ello, los efectos de un descenso en la categoría de nuestras acciones no afectaría en primera instancia al país en su conjunto sino al sector. Pero una segunda mirada muestra que sí nos afectará.

La formalización requiere flexibilidad laboral. Y el seguro de desempleo es una buena herramienta en esa dirección.

Existen dos opiniones sobre la política fiscal actual. Están quienes acusan un manejo irresponsable por el incremento del gasto corriente, sin la adecuada sustentación ante el Congreso y el país, dado que es más difícil explicar un cálculo estructural. Y está la opinión que la actual expansión fiscal es menor a la que debería, dadas las necesidades en infraestructura (que por su escala es la llamada a sustituir a la inversión minera) y educación (cuyos impulsos vienen siendo ralentizados por el argumento del corsé fiscal).

En múltiples oportunidades, los banqueros centrales en EE.UU. han manifestado que la FED no reacciona directamente a los mercados financieros. Más bien, estos últimos actúan anticipadamente a los acontecimientos económicos. Y lo mismo hacen los Miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense. Así, FED y los mercados miran siempre los mismos indicadores. Sin embargo, habría que preguntarse si ambos están alineados respecto del impacto de los temores generados por China sobre el crecimiento global.

La reducción de la liquidez (capacidad de convertir un activo en dinero), del tamaño del mercado accionario y del nivel de negociación de las acciones peruanas ha implicado que el universo invertible de acciones haya venido reduciéndose. El nuevo entorno económico global, marcado por la desaceleración de China, ha llevado a disminuir la asignación de recursos hacia valores de mercados emergentes, y los inversionistas locales (especialmente las AFP por su tamaño), iniciaron la reducción en sus tenencias de acciones a fin de minimizar el riesgo de los afiliados en el nuevo entorno.

Hace diez años el Gobierno chino terminó con la política de fijar su moneda (el renminbi) al dólar e inició un régimen de “tipo de cambio administrado”. Desde ese momento, la moneda del gigante asiático ha ganado estatura en el comercio e inversión global, así como en su valor como reserva de valor.

Estaba preparando una presentación sobre el Perú para inversionistas chilenos y pensaba cómo debía estructurar una visión optimista y realista sobre el futuro del país. Pensé que lo mejor sería distanciarme del pesimismo coyuntural y mirar al país desde una perspectiva de largo plazo. Me di con que la economía, aunque con dificultad, avanza lentamente hacia su sostenibilidad de largo plazo.

En su último mensaje por Fiestas Patrias, el presidente ofreció un discurso que, aunque para muchos fue insuficiente y demasiado sesgado al recuento de logros, reflejó más o menos fidedignamente la política del gobierno. Y es que gran parte de los peruanos estamos de acuerdo con la política social y educativa que esta administración ha llevado a cabo.

La nueva tendencia de crecimiento sectorial es consistente con el nuevo entorno económico, tanto local como internacional.