23.JUN Viernes, 2017
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Opinión

“La siguiente vez, la acompañé, ley en mano. Ante mi queja, la respuesta fue: ‘Señora, acá no se aplica esaley’”.

Hace mucho tiempo y varios ministros que intento sensibilizar a los funcionarios públicos respecto del trato que se da a los jubilados: antes eran las largas colas frente al Banco de la Nación; luego, en el caso de los maestros, la necesidad de trasladarse a una UGEL caprichosamente asignada para demostrar, de cuerpo presente, que continúan vivos y que, por tanto, todavía tienen derecho a cobrar su pensión de 500 soles después de 25 años de trabajo.

Cuando el primer ministro explicó las medidas de simplificación administrativa contenidas en el Decreto Legislativo 1246, llamé de inmediato y con gran entusiasmo a mi pensionista más cercana, mi mamá, para contarle que ni ella ni mi tía de 93 años tendrían que volver a la UGEL a demostrar que continuaban vivas. La respuesta fue contundente: “Pues eso te lo creerás tú; yo voy igual porque si no, me sacan de la lista y ya no puedo cobrar”.

Después de criticar su terquedad, me rendí, con la seguridad de que haría un viaje en vano y que le explicarían que había una nueva ley que eliminaba la exigencia de cualquier constancia de supervivencia porque esta “será realizada mediante el cruce de información del respectivo listado de pensionistas o beneficiarios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC o de sus propios sistemas de verificación…”.

Como ocurre siempre que defiendo al Estado, quedé como tonta: a partir de ahora tendría que ir cada dos meses (ya no cada tres). La siguiente vez, la acompañé yo misma, ley en mano. Ante mi queja, la respuesta fue: “Señora, acá no se aplica esa ley”.

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