A vestirse de naranja

La captura de Rodolfo Orellana en Cali, Colombia, –en una acción conjunta con la Interpol y la Dirección Antidrogas norteamericana (DEA)– añade al caso una importante variable: la potencial extradición del abogado a los Estados Unidos.

En efecto, la participación de la DEA implica, casi por necesidad, la presunción de actividades relacionadas al narcotráfico, ya sea en la cadena de producción, comercialización o lavado de activos.

¿Existe algún indicio de ello? Por supuesto que sí, y a una nota de Perú21 publicada el 19 de junio me remito. En ella se confirmaban las investigaciones que el fiscal superior, Marco Guzmán, y la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, realizaban por los presuntos vínculos que tendría Orellana con carteles en Colombia, México e, incluso, Italia. Asimismo, presentamos un informe de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que vinculaba a Orellana con el tráfico ilícito de drogas. Finalmente, están las relaciones familiares con narcotraficantes locales y extranjeros.

Existen, pues, vínculos con el narcotráfico que deberán ser confirmados durante el futuro proceso. No obstante, es importante entender que la presencia de la DEA podría implicar la solicitud de extradición por parte del Gobierno Norteamericano. Consultadas algunas fuentes, todo apunta a que es muy probable y que no debiera tardar mucho tiempo.

¿Cuáles serían las implicaciones institucionales de esa posible extradición? Desde mi punto de vista, sería positiva. Nuestra precariedad institucional no nos permite, en estos momentos, asegurar una investigación y un proceso transparentes. Esa es la realidad; la Fiscalía no es confiable y el Poder Judicial tampoco. Siendo las cosas así, la extradición de Orellana a los Estados Unidos sentaría un precedente que, a su vez, fungiría como potencial efecto disuasorio para futuros bandidos.

La manera cómo se lleve adelante este caso es una nueva prueba de fuego para nuestro sistema. Una vez más tenemos la posibilidad de sentar una importante referencia para nuestro futuro institucional. Si nuestro sistema judicial no brinda garantías, aprovechemos nuestros tratados internacionales para brindarlas.