Un amigo mío publicó en su cuenta en Facebook que en los foros de agentes inmobiliarios –cuando los huaicos estaban en plena caída– ya estaban generándose debates acerca de cuánto más barato sería comprar una propiedad en zonas de riesgo. Como aves carroñeras sobre el animal muerto, el debate incluía el cálculo del valor de reventa de una propiedad hoy devaluada, pero que subiría de precio cuando todo esto quede en el olvido. Aquellos que estaban dispuestos a hacer la transacción no tendrían escrúpulos en vender el terreno o casa a una nueva familia. Si fueran honestos, sus anuncios en las páginas de venta serían así: “Oportunidad. Linda casa campestre con vista al río y riesgo de caída de huaico”. Al fin y al cabo, lo que están vendiendo es vulnerabilidad disfrazada del sueño de la casa propia. Esto tiene que estar prohibido, además de penado.
Por su parte, las autoridades no deben promover ni consolidar la ocupación en zonas de riesgo. Ni dando el título de propiedad ni facilitando las condiciones de vida. Hemos visto en las noticias a un vecino explicar cómo el huaico se llevó su casa ¡por segunda vez! Y en esta ocasión, fue la propia municipalidad la que lo reubicó en esta zona, también de riesgo. ¿Eso no es acaso el colmo de la estupidez?
La periodista Cecilia Valenzuela publicó la historia de Evangelina Chamorro y la compra de su terreno. A todas luces, ella y su esposo habrían caído en las manos de mafias que trafican tierras y estafan a ciudadanos como ellos que invierten todo su capital sin tener claro que se les va a ir, literalmente, al agua. Es absolutamente válida la indignación y preocupación de muchas familias que han comprado terrenos o viviendas en nuevas “urbanizaciones” hoy destruidas por los huaicos. Ellas no solo deben demandar a las empresas inmobiliarias (que son muy eficientes cuando se trata de generar nuevo suelo urbano, pero muy malas para identificar los riesgos a los que exponen a sus compradores), sino a las autoridades que validan estas modificaciones sin importarles los ciudadanos. Más detalles pueden encontrar en el blog y Facebook de Lugares Comunes.
En una sociedad tan dada al libre mercado, hablar de planificación no es bien visto. Sin embargo, la situación de emergencia nos ha mostrado la inmensa necesidad de planificar para asegurar que los ciudadanos estemos seguros y la economía no se ponga en riesgo. A la par, es necesario fortalecer la fiscalización y las medidas de control para que nunca más, ni grandes empresas ni traficantes de tierras, puedan volver a vendernos, a precio de ganga, vulnerabilidad.
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